PLRA presentó denuncia penal contra la “criminal regulada” de transportistas del Cetrapam

“Si el ministerio público mantiene el mismo criterio y no es selectivo debe imputar a César Ruiz Díaz y los empresarios del Transporte, con sus reguladas", según Cristian González.Virgilio Vera

El abogado Cristian González, apoderado del PLRA, presentó una denuncia penal contra César Ruiz Díaz y los empresarios del transporte agrupados en Cetrapam por las reguladas que sufren los usuarios y la omisión de control por parte del MOPC que produjo un daño patrimonial al Estado, según dijo.

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La denuncia contra Cetrapam es debido a las reguladas que están haciendo en la frecuencia de los buses y que califican como “criminal” en tiempos de pandemia. Es “por el mismo hecho punible por el cual fueron imputados miles de paraguayos, la violación de cuarentena establecido en la Ley 716/ 96, artículo 10 inciso B”, explicó el doctor González.

Y añadió que “si el Ministerio Público mantiene el mismo criterio y no es selectivo, debe imputar a César Ruiz Díaz y los empresarios del transporte, por sus reguladas. Ellos hicieron que los pasajeros estén hacinados en los colectivos y también haya aglomeración en las paradas de esos buses. Igualmente le denunciamos por el hecho punible de sabotaje”, alegó.

El apoderado del PLRA manifestó, “también incluimos en la denuncia por lesión de confianza, por omisión, al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y el viceministro de Transporte, Pedro Britos. Ellos son los que administran, los encargados de control para el pago del subsidio a los transportistas. Son los que habilitan las condiciones técnicas del transporte, controlan la cantidad de pasajeros. También la cantidad de pasajeros se notó con el billetaje electrónico que es mucho menos de lo que realmente corresponde. Entonces están erogando recursos del Estado sin que corresponda, causando un daño patrimonial”, manifestó.

La denuncia fue anunciada ayer por Efraín Alegre, presidente del PLRA, por la “criminal regulada” que realizan los transportistas exponiendo a las personas en plena pandemia.

Alegre también dijo que “con el billetaje electrónico se demostró que están cobrando un monto que no corresponde. Entonces ahí hay una omisión de control, obligación del MOPC, que produjo un daño patrimonial al Estado”.

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