Senado prevé tratar esta tarde el proyecto de ley de tragamonedas

En la sesión ordinaria de hoy del Senado está previsto el tratamiento del proyecto de ley de tragamonedas, que pretende prohibir las máquinas en comercios y despensas. Aunque conforme a la opinión de referentes del ámbito, no es claro el método de aplicación, de aprobarse la iniciativa, y no plantea una solución a la actual falta de control de explotación de los aparatos electrónicos.

El Senado buscará prohibir la explotación de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar en presencia de los niños. La propuesta es criticada por diversos sectores.
El Senado buscará prohibir la explotación de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar en presencia de los niños. La propuesta es criticada por diversos sectores.

La propuesta tiene por objetivo regular el sistema de habilitación, explotación y el uso de las máquinas tragamonedas autorizadas a nivel municipal para proteger a los menores de edad de caer en la adicción al citado juego de azar.

Uno de los proyectistas es el senador Blas Llano, quien “desempolvó” un proyecto similar planteado en 2019 luego de descubrirse que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz, firmó un contrato directo, sin concurso, con la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña) para que se encargue de la “regularización” de las tragamonedas del país. ABC descubrió que la institución le dio a esta empresa la potestad de censar, catastrar y explotar dicho juego, es decir, la convirtió en juez y parte.

El acuerdo fue firmado a finales del año pasado y hasta ahora, meses después de estar en vigencia, persiste confusión si la Conajzar atropella lo establecido en la Ley 620/76, que fija competencia exclusiva a las municipalidades para la habilitación y el cobro del tributo correspondiente. La Municipalidad de Cambyretá, por ejemplo, solicitó una aclaración a dicha institución, mientras que las de Asunción y Capiatá resolvieron prohibir las actividades de iCrop y las “agencias” que esta tiene en sus jurisdicciones.

El proyecto de ley propone que las concesiones y permisos para explotación de tragamonedas sean otorgadas por las municipalidades, conforme a lo que establece la ley N° 1.016 que define el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar, y que se tendrá en cuenta la mejor oferta presentada para la empresa que se encargue de una regularización. En cuanto a los sitios de explotación, prohíbe a aquellos que sean lugares públicos con presencia de niños, tales como despensas, peluquerías, hamburgueserías, la vía pública y otros, y en caso de que se viole la normativa, cada municipio puede sancionar con multa de un salario mínimo legal por cada máquina al negocio que transgreda, y en caso de reincidencia, se duplicará, triplicará y así sucesivamente.

El expresidente de Conajzar y hoy asesor del sector, Javier Balbuena, observó la poca claridad de la redacción de prohibición de explotar “en presencia de niños”, ya que, según interpretó, surge la posibilidad de que esté permitido igualmente las máquinas en despensas o negocios afines, cuando no estén los niños. También cuestionó la falta de precisión de la potestad otorgada a las municipalidades, ya que no se sabe si una empresa podrá explotar todas las tragamonedas de la ciudad.

Por su parte, Lorena Rojas, presidenta de la Asociación de Juegos de Azar, cuestionó la redacción del proyecto, pues se indica que la empresa con mejor oferta de pago de canon será la adjudicada y con esto surge la posibilidad de que pocas empresas se presenten en todas las licitaciones y sean siempre las mismas adjudicadas.

Hace dos semanas, el proyecto de ley fue tratado en el Senado y fue pospuesto a pedido de la senadora Esperanza Martínez con el objetivo de que el escrito sea socializado con los afectados. El análisis se realizó en medio de críticas a Conajzar y su contrato a la empresa iCrop SA, que se comprometió a “regularizar” 50.000 máquinas del país, recaudando G. 300.000 por cada una y de ese monto, lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) será destinado al Estado. De concretar la meta prometida, la firma recaudará US$ 1,5 millones (70%) y el Estado, apenas el 30% del total ingresado.