En conversación con ABC Color, Duarte Cacavelos refirió que tras la resolución que eleva la causa de Alegre a juicio oral se produjo un hecho que tiene relevancia jurídica en el marco del caso de facturas falsas en el período electoral de 2018.
Según cuestionó, se dio una “contradicción absoluta” en cuanto a la valoración del ilícito por el cual está siendo procesado su cliente. Argumentó refiriendo que Alegre irá a juicio oral y público, mientras que otro de los acusados, el administrador de la campaña (2018) en Alto Paraná, Pascual Benítez, fue beneficiado con una salida procesal debido a que se aceptó su planteamiento de que el hecho punible era “insignificante, que no amerita dos años de cárcel y, además, que no hay interés en la prosecución penal”.
“¿Por qué para Alegre este hecho punible es absolutamente grave y amerita el enjuiciamiento oral y público, y para la otra persona, quien realmente es el que produce la factura no auténtica y la trae, no es tan grave y es insignificante, por lo que se le permite la salida procesal?”, cuestionó.
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En ese sentido, cuestionó el actuar del fiscal de la causa, Édgar Sánchez, quien se allanó al pedido del otro acusado. “Alegre es acusado por un hecho, según el propio fiscal, insignificante, que le permitió darle una suspensión condicional del procedimiento al principal procesado”, sostuvo. “Estructurá un caso serio o, por lo menos, no cometas errores garrafales como esto”, añadió.
Igualmente, refirió que esperan que la Cámara de Apelaciones “haga su trabajo, corrija y anule todo esto”, teniendo en cuenta que plantearon la nulidad de la acusación para evitar el juicio oral y público de Alegre.
El caso de facturas falsas
La jueza de Garantías Cynthia Lovera atendió el pedido del fiscal y resolvió elevar a juicio oral la causa que afronta Alegre, quien está acusado de supuesta producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso en la campaña electoral de 2018.
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Según detalló el fiscal Sánchez en su acusación, la factura N° 008953, emitida el 19 de julio de 2018, con membrete de la estación de servicios “Catedral” y cuyo valor es de G. 98.000.000, fue adulterada y utilizada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para la rendición de sus gastos en los comicios generales de 2018 ante la Justicia Electoral.