30 de mayo de 2026

La Abg. María Esther Roa, activista de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” e integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, fue condenada a 100 días multa por difamación en contra del Abg. Guillermo Duarte Cacavelos. El letrado querelló a su colega por haber publicado un vídeo en redes sociales, afirmando que negoció la impunidad de su suegro, el ex titular de la ANDE Carlos Heisele.
El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos arremetió contra el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubín ante la Cámara Baja, que propone modificar el Código Penal para elevar las penas. Lo calificó de “adefesio jurídico” y aseguró que viola principios constitucionales, carece de sustento técnico y evidencia un profundo desconocimiento del sistema penal paraguayo.

La jueza Lourdes Peña comunicó a la Cámara de Senadores los pedidos de desafuero en dos causas antiguas que se abrieron en contra de la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla, en las que fue querellada por quienes entonces eran sus colegas diputados Cristina Villalba y Nazario Rojas. La parlamentaria comentó que resucitan causas viejas para sacarle los fueros.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos presentó una querella por difamación contra la presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y conocida por encabezar protestas anticorrupción. En el escrito, afirma que las publicaciones realizadas en redes sociales contra él y su suegro Carlos Heisele “lesionan” su honorabilidad.

Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, habló sobre el cruce de llamadas que la Fiscalía nunca investigó, cuestionando una vez más por qué José Ortiz llamó al entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo.
Guillermo Duarte Cacavelos, abogado penalista, cuestionó la prisión preventiva impuesta al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por abofetear a una funcionaria del INTN. Sostiene que la decisión del juez Bernardo Silva es incorrecta y producto de múltiples errores procesales, desde la declaración de rebeldía hasta la intervención de la Cámara de Apelaciones.