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En la causa caratulada “Paulo Antonio Fell y otros sobre violencia contra la mujer”, la juez dictó prohibición de acercarse a la afectada y que deben evitar cualquier acto de intimidación o acoso a la denunciante.
La concejala se sintió hostigada y amedrentada tanto por los responsables de la firma Durli Leathers S.A como por parte de los trabajadores de la empresa, por lo que la jueza penal Lidia Sánchez dictó procedimiento especial para la protección de las víctimas de violencia contra la mujer y que eviten realizar actos de insultos, amenazas, desvalorización o humillación hacia la denunciante.
Igualmente, se libró oficio a la Policía Nacional para recurrir de manera inmediata en caso de pedido de auxilio de la denunciante, debiendo remitir informe de lo actuado al Juzgado local.
La empresa Durli Leathers SA, que funciona en el distrito de Paraguarí, fue suspendida en sus actividades por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) tras la denuncia presentada ante la Fiscalía del Medio Ambiente por el Ing. Ecólogo Juan Valentín García Miró, por supuesto procesamiento ilícito de desechos industriales.
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En el inmueble de unas dos hectáreas, el Mades constató que la firma derramó líquido con un color rosado y construyó taludes de arena, incumpliendo lo que establecía el Plan de Manejo Ambiental.
Ante la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los empleados de la firma Durli Leathers SA, el pasado jueves 13 de agosto, salieron a cerrar de manera intermitente la ruta PY01, en el kilómetro 84. Luego en caravana se dirigieron frente a la vivienda de la concejala Miró, donde comenzaron a realizar una ruidosa manifestación porque su hijo había realizado la denuncia ambiental.
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La concejala había solicitado también en plenaria de la Junta Municipal que la Municipalidad se pronuncie ante la eventual contaminación del arroyo Caañabé, que desemboca en los humedales del Lago Ypoá, para evitar lamentar un desastre ecológico en la reserva natural con que cuenta nuestro país.
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El representante legal de la empresa está imputado por procesamiento ilícito de desechos industriales que habría causado la mortandad de peces en el arroyo Caañabé. Sobre dicha causa, que fue denunciada también por García Miró, el juez Hilario Bustos había fijado audiencia preliminar, previo al juicio oral y público, pero la defensa del imputado, abogado Álvaro Arias Ayala, presentó un certificado médico de su defendido. El juez deberá fijar nueva fecha sobre esta causa en particular.