En diciembre de 2020, el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), recibió del Poder Ejecutivo G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que, entre enero y febrero de este año, repartió a dos organizaciones “sin fines de lucro”.
La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones; y el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.
Informe final luego de las elecciones
La Contraloría aún no concluyó la auditoría realizada a la Gobernación de Central sobre el uso del millón de dólares, que fue otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación de Central para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19.
Según fuentes, la Contraloría no emitirá el informe final hasta después del 10 de octubre, día de las elecciones municipales, para no dañar la imagen del Partido Colorado, teniendo en cuenta que el gobernador de Central pertenece a esa agrupación política.
el nuevo director de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Emilio Ferreira, dijo que “independientemente a las elecciones, (el informe) va a salir a más tardar a fin de setiembre, por lo menos así está programado”.
Una vez notificado el gobernador de Central, el mismo tendrá cinco días hábiles para presentar su descargo en caso de hallarse irregularidades, pero el gobernador González puede pedir una prórroga para contestar.
Posteriormente, los auditores tendrán diez días para analizar el descargo y emitir una conclusión.
“(El informe preliminar para descargo) va a estar en la semana que viene. Se están cerrando los procesos para sacar la comunicación de observaciones. Según lo planeado, antes de fin de mes de setiembre espero tenerlo. El equipo auditor está con esa misión”, aseguró Emilio Ferreira.
Al ser consultado sobre el supuesto retraso intencional de la conclusión de la revisión, se limitó a decir que es nuevo en su cargo. “No sabría decirte. Yo asumí prácticamente el viernes. No creo. Espero que no”, contestó.
Contundente despilfarro
La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) realizaron conjuntamente una auditoría en el caso y se ratificaron en la existencia de numerosas irregularidades y afirman que existen suficientes indicios de lesión de confianza para imputar a los involucrados.
Se afirma en el documento que el gobernador González no puede huir de su responsabilidad como ordenador de gastos, y se destaca que González, “no controló” el buen uso de las transferencias realizadas al CIAP y al Consejo Regional de Salud.
Entre algunas de las anomalías aparecen facturas clonadas de empresas que no existen en las direcciones declaradas, supuestas compras que no coinciden con el rubro de la firma proveedora, entre otras.
Los auditores afirman que existen obras que fueron hechas antes que el CIAP reciba el desembolso y, por ende, pagadas con otro fondo.
Los certificados las obras no están firmados por un profesional en el rubro - un arquitecto o ingeniero civil - , sino por Tadeo Álvarez, presidente y fundador del CIAP.
Otra irregularidad es que los proyectos de infraestructura y obras viales no contaban con los planos correspondientes, ni existen certificados de fiscalización y autorización para la colocación de hormigón o construcción de canales abiertos para desagües pluviales.