Los concejales departamentales Laura Moreira, Roque Ávalos y Daniel Ferreira, todos liberales, llegaron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para interiorizarse sobre el avance de la auditoría realizada a la administración del gobernador de Central Hugo Javier González (cartista), sobre el despilfarro de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) que el Ejecutivo transfirió a la institución departamental para la reactivación económica durante la pandemia.

Fueron recibidos por el director de Cuentas, Emilio Ferreira, quien les prometió que esta semana “habrá novedades”. Según la versión del edil Roque Ávalos, el funcionario de la CGR les dijo que en los próximos días el informe preliminar junto a la notificación para el gobernador Hugo Javier, serán remitidos al Gabinete del contralor Camilo Benítez para la firma correspondiente.

Ávalos dijo que Ferreira prometió ser objetivo con los resultados de la auditoría en cuestión. Los tres ediles, solicitaron la mayor celeridad posible en la investigación del caso. Por otro lado, el concejal sigue sosteniendo que tanto la Fiscalía como la CGR son cómplices de González e incluso teme que “lo blanqueen” a pesar de las muchas evidencias sobre las irregularidades en el uso del fondo de emergencia por covid-19 que el Ejecutivo entregó a Hugo Javier en diciembre pasado.

El director Emilio Ferreira, semanas atrás, había prometido que máximo el 30 de setiembre el gobernador de Central, el cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González, sería notificado sobre los hallazgos en la auditoría para su descargo. Sin embargo, no fue así. El análisis documental inició en mayo de este año y el plazo de culminación era de 45 días, pero ya pasaron cinco meses.

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Senda de irregularidades

Hugo Javier apenas recibió el dinero repartió G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.

Según el informe final de la auditoría hecha por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la fundación de Álvarez, utilizó todo el dinero en obras de infraestructura, pese a que la ONG no está habilitada para llevar a cabo construcciones de cualquier tipo. Por su parte, Cabrera habría adquirido mobiliarios hospitalarios que recién aparecieron como donación para hospitales, seis meses después, luego del escándalo sobre el uso de US$ 1.000.000. El Consejo Regional de Salud no tiene habilitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

En la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, respecto al fondo aparecen facturas clonadas, compras que no coinciden entre el artículo adquirido y el rubro de las empresas, facturas de firmas que no existen en las direcciones declaradas, reemplazo de facturas, entre otras innumerables inconsistencias. Los auditores también dicen que las obras realizadas por CIAP presentan graves faltas y que incluso se pudo incurrir en lesión de confianza.

Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron una denuncia penal el pasado 8 de julio, pero hasta la fecha los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, no procesaron a nadie. Estigarribia, aseguró que el informe final de la auditoría realizada por la CGR será significativo en el proceso de la investigación.

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