Instituciones públicas no protegen a niños y adolescentes de tragamonedas

José es un joven de 26 años y hace un par de meses que asiste al grupo de “Jugadores Anónimos”, que se reune en la sede de la Parroquia San Rafael de Asunción. Acudió al sitio cuando su hábito de “probar la suerte” y apostar se convirtió en un problema social que le generó serios inconvenientes en su torno familiar y laboral.

Relató a ABC que se encontraba sobreendeudado, con amenazas de ser echado de su hogar y abandonado por su novia, además de mantener deudas con varios parientes y amigos, las cuales se sumaron a sus créditos con varias entidades financieras. “Las apuestas te convierten en un experto del engaño, no te importa mentir incluso a tu propia madre, no tenés autoestima. Sólo querés dinero para seguir apostando”, expresó.

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Comentó que al mundo de los juegos de azar ingresó hace años. Recordó que se vio tentado con la falsa sensación de multiplicar su dinero sin esfuerzo, situación que terminó destruyendo su vida y afectando a sus seres más queridos. “Sigo con deudas pero ahora con tratamiento estoy más tranquilo”, aseguró.

Consideró que las instituciones públicas deben actuar para evitar que niños y adolescentes tengan tan fácil acceso a realizar apuestas, y en particular, le preocupa que las máquinas tragamonedas se encuentren en cualquier comercio de libre acceso e incluso en la vía pública. “Un niño con su vuelto de la despensa y con la máquina en el mismo sitio, es una oportunidad para creer y probar que puede tener más monedas de las que tiene en sus manos”, dijo.

Opinó que los juegos de azar deberían contar con una alerta del peligro para la salud, así como el alcohol y el cigarrillo. “Existe un peligro real de caer en la ludopatía, por más inocente que parezca una apuesta”, recalcó.

Su testimonio lo dio en presencia de su guía y demás integrantes del grupo, quienes ratificaron que las vivencias son comunes para todos ellos.

Las afirmaciones coinciden con las investigaciones descriptas en un informe de la trabajadora social Evelyn Cattebeke, elaborado a pedido de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) y presentado al Ministerio de Niñez y Adolescencia (MNNA), cuya titular es Teresa Martínez. Ella había respondido que la situación descripta en dicho informe se comunicó al Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la designación de un fiscal que investigue.

Municipios, los responsables

Nuestro diario conversó con la viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), Alcira Sosa, sobre la exposición de los niños y adolescentes a jugar con tragamonedas. Indicó que la normativa es muy clara al establecer las disposiciones de la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15, y su Resolución N° 36/16 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida actualmente por José Antonio Ortíz Báez. “Los municipios son los responsables de incautar y destruir las máquinas que estén en lugares prohibidos”, destacó la viceministra.

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Requerida acerca de que esas disposiciones no se cumplen, los aparatos se encuentran en cualquier comercio y que las instituciones no actúan conforme a la ley, precisó que no existen denuncias al respecto y el protocolo se activa conforme a casos puntuales. Al ser insistida en que los estudiantes se exponen a caer en una adicción, cuyas consecuencias son similares al consumo de drogas ilícitas, respondió que la situación amerita la creación de un protocolo de atención para estos casos.

En el Congreso se encuentra un proyecto de ley que busca ratificar la prohibición del uso de las tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, y de esta manera, anular la Resolución N° 34/2020 de Conajzar que “regulariza” su explotación en kioscos, bares y otros comercios. Senadores habían dicho que dicha resolución permite la creación de una estructura para la obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero, violando la ley y vulnerando el bienestar de los más pequeños, por lo que denunciaron a la Fiscalía el caso pero hasta el momento no se registra mayor avance.

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La inacción del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez expone a que existan más personas con patología similar a la advertida por José con su testimonio y varios otros adictos a los “juegos”.

Los más vulnerables

La trabajadora social Evelyn Cattebeke afirmó que los más sensibles a los efectos que podría derivar el uso de tragamonedas son los niños y adolescentes, debido a que se encuentran en etapa de crecimiento y desarrollo. Alertó sobre el fácil acceso a las máquinas en sitios de libre concurrencia y recalcó que el nivel de riesgo social aumenta en aquellos que carecen de un contexto familiar con vínculos estrechos y protectores, o que por la necesidad de generar ingresos, estén trabajando en calle o carezcan de un adulto responsable. El Estado debe precautelar los mecanismos para protegerlos, dijo.