Petropar sigue “evaluando” oferta de licitación en la que pretende violar la ley

Petróleos Paraguayos (Petropar) informó que sigue evaluando la única oferta que recibió para “fiscalizar” el cuestionado proyecto del tren de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá). La petrolera quiere adjudicar esta consultoría a la misma firma que hizo el diseño de este plan de la estatal, lo que transgrede la ley de Contrataciones Públicas.

Sindicatos de Petropar presionan para que se siga invirtiendo en la planta de Troche, pese a las pérdidas.
Sindicatos de Petropar presionan para que se siga invirtiendo en la planta de Troche, pese a las pérdidas.

Petropar quiere adjudicar la “fiscalización” del montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Troche a la empresa Tecnicat SRL, representada por el ingeniero Luis Salazar Santos, por G. 3.200 millones. Esta firma fue la única oferente de la licitación, cuya apertura de ofertas se realizó con total sigilo hace un mes.

Rodrigo Irala, director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la estatal, señaló ayer a ABC que la oferta de este único oferente sigue en evaluación. “Normativamente, el comité de evaluación goza de independencia de criterio, por ende no me corresponde emitir opinión alguna en esta instancia, caso contrario, sea yo u otro, estaría incurriendo en falta grave conforme al último párrafo del artículo 27 de la 2051/03″, expresó el funcionario cuando se le consultó si esta empresa puede ser adjudicada.

Pero según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el gremio de consultores, si Petropar llega a adjudicar a Tecnicat, la empresa pública estará violando la ley 2051 de Contrataciones Públicas, porque esta consultora es la misma firma que elaboró el proyecto ejecutivo (diseño) de este criticado plan del tren de molienda e incluso preparó el pliego y el precio de referencia del llamado en curso, estimado en US$ 25 millones.

Según la normativa vigente, una firma que elaboró el proyecto de una obra pública, no puede participar en la supervisión o fiscalización de la misma. Pablo Seitz, titular de la DNCP, señaló que las empresas que hicieron proyectos para una obra del Estado o empresas públicas, no pueden fiscalizar la ejecución, porque esto la ley no permite.

En este sentido, señaló que el artículo 40 de la normativa, donde se desglosan las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o contratar con el Estado, señala claramente en su inciso “h” que no pueden ofertar “las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar”.

Gremio de consultores dice que la ley es clara

El presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), Julio Mendoza, señaló: “Una empresa que realizó el proyecto no puede fiscalizar esa misma obra, porque eso no permite la ley 2051. La empresa al hacer el diseño ya tiene ventajas ante otros posibles oferentes que pudieron participar en la fiscalización y, además, ¿cómo va a cuestionar si algo está mal en el proyecto que hizo? Esto no puede ser porque si le adjudican será juez y parte. Pero sin tener en cuenta estas cuestiones, la ley no lo permite”, manifestó.

Llamativamente, sólo Tecnicat SRL se presentó en esta licitación, por lo que de nuevo se sospecha que el llamado estaría direccionado. En este sentido, Mendoza señaló que no le extrañaría que se trate de una convocatoria digitada, ya que en el gremio ni se enteraron de la licitación.

ABC intentó tener la versión de Tecnicat, pero no respondieron al número de contacto que aparece en la web de Contrataciones vinculado a este proveedor del Estado, que termina en 892.

Las obras también están en evaluación de ofertas

Recordemos que Petropar ni esperó la aprobación del presupuesto por parte del Congreso y ya licitó “ad referéndum” tanto la construcción como la fiscalización de la línea de molienda de Troche.

Para las obras propiamente, la oferta más barata, por G. 176.355 millones, fue presentada por la empresa Engematec SA, al parecer de origen brasileño, y cuyos registros no aparecen en el portal de la DNCP. Esta firma ni siquiera presentó la garantía de mantenimiento de su oferta, por lo que sería descalificada.

La segunda oferta fue propuesta por la compañía Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por un monto de G. 195.299 millones. Esta empresa fue adjudicada en su momento para encarar las obras de mejoramiento del aeropuerto Silvio Pettirossi (durante la gestión de Edgar Melgarejo), que registra retrasos y sobrecostos actualmente y la Dinac dijo que multará a la empresa por estos retrasos.

Asimismo, la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, intentó participar de la licitación, pero le devolvieron su oferta porque “se presentó tarde” y quedaron en competencia solo dos dudosas empresas.

Recordemos que Tecnicat había solicitado un presupuesto a esta empresa, lo que se utilizó como precio de referencia de la licitación, por lo que se habló en su momento de un direccionamiento.

En este momento, sindicalistas de la Petrolera, apoyados por el titular de la empresa, Denis Lichi, están presionando para que este cuestionado plan pueda prosperar, pese a que la planta de Troche registra pérdidas millonarias. Este Gobierno ya invirtió US$ 10 millones en la planta y no se generó buenos resultados.

Se debe aprobar en el Congreso

El director general de empresas públicas, Elvio Brizuela, había señalado que el cuestionado proyecto de Petropar para el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta industrial Mauricio José Troche (Guairá), solo dependía de la anuencia del Congreso, que tiene que aprobar una adenda al presupuesto de la estatal del 2022, para que se pueda ejecutar la obra con una reprogramación presupuestaria a favor de la empresa estatal. Esto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y todavía se debe estudiar en el Senado.

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