Caso familia Sopeña: fiscalía liberó a guardias detenidos durante allanamiento

El viernes pasado, los fiscales Sandra Ledesma, Sophía Galeano y Augusto Ledesma Blasser allanaron la propiedad perteneciente a la familia de Mariano Sopeña, descendiente español. La familia Sopeña fue desalojada del lugar el pasado 1 de diciembre mediante un mandamiento falso presentado por el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza. El supuesto documento tuvo origen en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción y lleva la firma de la actuaria Mouriel Vera y de la jueza Fátima María Luisa Vera (fallecida hace ocho meses).

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Desde entonces, guardias de seguridad de una empresa privada protegían el inmueble durante el día y la noche. La madrugada del viernes, los ocho custodios trataron de evitar que la comitiva fiscal-policial encabezada por los agentes Ledesma, Galeano y Ledesma Blasser ingresara para allanar el terreno y tomar posesión del mismo.

También los vigilantes se negaron a contestar varias preguntas de rigor que realizaron los intervinientes y además mostraron todo tipo de resistencia, motivos por los que los agentes del Ministerio Público ordenaron la detención de todos y la incautación de una camioneta tipo patrulla perteneciente a la firma prestadora del servicio, además de una motocicleta.

El inmueble de casi cinco hectáreas está ubicado sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González del Cuarto Barrio de Luque, a tan solo tres cuadras del tramo General Aquino, más conocido como Tape Tuja, en las inmediaciones de la Fuerza Aérea Paraguaya.

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El fiscal Augusto manifestó recientemente que los detenidos se abstuvieron de declarar y que fueron representados por un abogado de la empresa. Luego de las diligencias correspondientes, todos fueron puestos en libertad, agregó.

Actualmente, gente de confianza de la familia Sopeña se encarga de custodiar el sitio. Mariano Sopeña lamentó, entre lágrimas, el daño que la supuesta dueña, Ema Nilza Turo Martínez, realizó en el lugar. Parte de la antigua casa fue demolida, las nacientes fueron destruidas, árboles añosos fueron derribados y una veintena de costosas palmeras fueron llevadas.

La familia Sopeña y vecinos del lugar denunciaron todo tipo de delitos ambientales y en consecuencia intervino el fiscal del Medio Ambiente, Carlos Rojas, quien confirmó el daño ecológico hecho en el terreno, que hasta hace una semana gozaba de una exótica vegetación e incluso guacamayos en peligro de extinción habían instalado sus nidos en los árboles. El agente incautó una pala mecánica que los obreros usaban para remover la tierra.