Los cadáveres fueron encontrados en la compañía Aguilera Kue, junto al camino asfaltado que conecta las localidades de Santa Clara y Hugua Rey, en el municipio de General Aquino, departamento de San Pedro, a 215 kilómetros de Asunción.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Hernán Cáceres Maldonado (27), quien murió a balazos, y Carlos César Ayala Marecos (33), quien falleció degollado y baleado.
Este último, quien habría sido el verdadero objetivo de los asesinos, gozaba de medidas alternativas a la prisión y estaba próximo a afrontar juicio oral en el marco de la recordada operación Espada de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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Aquel fue un procedimiento ejecutado el 17 de mayo de 2019, bajo la supervisión de la fiscala Lorena Ledesma, en una pista clandestina de un establecimiento sin nombre ubicado en la colonia Hugua Guasu, a 30 kilómetros de donde ayer aparecieron los dos cuerpos.
Esa intervención de la Senad se produjo luego de que aterrizara en el sitio una avioneta que despegó de Moxos, Bolivia, con una carga con 304 kilos de cocaína. La nave era pilotada por el boliviano Luis Darío Candia Zelada (27).
En tierra, recibieron la droga el dueño de la propiedad, Ramón Giménez Velázquez (51), y el que supuestamente alquilaba de este la pista, el docente Amado Pérez Marecos (46).
También estaban los secretarios Carlos Escobar Núñez (37) y Celso Benítez Fleitas (34), quienes debían guiar la nave para el aterrizaje y alzar la cocaína a una camioneta.
Todos ellos ya venían siendo investigados principalmente con escuchas telefónicas que permitieron a la fiscala Ledesma y a los agentes especiales de la Senad saber el momento exacto en que iba a llegar la cocaína.
Solo que cuando la comitiva entró a la pista se encontraron con que el piloto boliviano, el dueño de la estancia, el docente y los dos estibadores ya estaban reducidos por un grupo de siete hombres que usaban uniformes camuflados y que abrieron fuego contra los antidrogas con fusiles Galil y pistolas.
Estos se identificaron como miembros de la Policía Nacional y dijeron que estaban en un procedimiento.
Efectivamente, se trataba del oficial Édgar Diosnel Sosa Melgarejo (30) y de los suboficiales Pablo Cabrera Escobar (44), José David Alonzo Salinas (39), Víctor Daniel Dávalos Peralta (36), Juan José Benítez Achucarro (32) y Antonio Joel Quiñónez Lara (29).
El séptimo integrante de este grupo, aunque también usaba uniforme policial, era justamente el civil Carlos César Ayala Marecos, uno de los dos asesinados de ayer.
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Supuestamente, este último fue el informante que avisó a los policías que iba a llegar la droga y el que los acompañó para extorsionar a los narcos, a quienes pidieron 100.000 dólares, según la acusación del Ministerio Público que debe debatirse ahora en un juicio oral.
Otros procesados
Además de los cinco civiles que fueron atrapados por recibir la carga de cocaína, más los seis policías detenidos cuando supuestamente los estaban extorsionando, en el marco de la operación Espada también están acusados el suboficial inspector Óscar Federico Valdez, quien en esa época era jefe del puesto policial cercano a la narcoestancia y el que supuestamente vigilaba la zona para los narcos cada vez que llegaba una carga de cocaína.
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También fueron acusados el comisario general inspector retirado Cristino Ramón Aranda Ayala, quien era el director de Policía de San Pedro y el que supuestamente organizó el equipo que fue a apretar a los narcos en la pista, y el oficial primero Aldo Migue Rodríguez Ruiz, quien era jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de San Pedro y el que supuestamente proveyó los fusiles usados para la extorsión a los traficantes.