El recurso de reposición planteado por la defensa del ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, contra la resolución que fijó el juicio oral y público para el 11, 12 y 14 de octubre próximos, fue rechazado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Los jueces Dina Marchuk (presidenta del tribunal), Gloria Hermosa y Víctor Alfieri concluyeron que el recurso planteado en contra del Auto Interlocutorio N° 534 del 8 de agosto de 2022 “deviene notoriamente improcedente” y remitieron el expediente a la Cámara de Apelaciones para el estudio de la apelación subsidiaria.
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La defensa argumentó que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado “no tiene competencia” para juzgar la presente causa, ya que la misma se inició en el fuero ordinario. Sin embargo, el colegiado no hizo lugar al argumento con el fundamento de que se ha dado estricto cumplimiento a las normas procesales.
La cuestión fue elevada al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, para su resolución.
Enriquecimiento ilegal supera los G. 10.000 millones, según fiscalía
Según la acusación presentada el 13 de agosto de 2019 por los agentes Nathalia Silva y Osmar Legal, el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción detallan en la acusación que el desfase se empieza a dar en el 2010, con relación al ex fiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto. Ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. Al año siguiente, otro déficit de G. 195.585.539.
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La acusación agrega que en el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078.
Sin embargo, la mayoría de los bienes fueron ocultados a través de su esposa, María Selva Morínigo, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471753.
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En el año 2010, la mujer empezó a acrecentar el dinero con inversiones, con la creación de la sociedad Lagunitas SA con acciones de G. 4.474.300.000, inversión realizada para la compra de ganado y la construcción de obras en un inmueble de la citada firma, siempre según la acusación del Ministerio Público.