El jefe comunal de este distrito fue denunciado por la anterior Junta Municipal ante el Ministerio Público y fue imputado por el fiscal Rodolfo Colmán por los supuestos hechos de “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”, porque habría utilizado una falsa resolución de la Junta Municipal N°235/2029, que no fue estudiada en sesión.
De la supuesta resolución de la Junta Municipal, Cañete se valió para emitir la resolución de la Intendencia N°656/2019 que aprobó el loteamiento en el barrio Santa Margarita, a favor de Luis Martínez Cáceres, representante de la inmobiliaria Durban Trading S.A, para urbanización en zona industrial.
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Los concejales de ese entonces denunciaron que dicha autorización del Ejecutivo se realizó sin la aprobación de la Junta Municipal, por lo que los concejales a través de la resolución N°229/2020 anuló lo dispuesto por el Ejecutivo y presentaron formal denuncia ante el Ministerio Público.
Para salvar su situación judicial, el Ejecutivo comunal en julio solicitó al cuerpo legislativo que se derogue la ordenanza municipal N°01/2014 por la cual se delimita la zona industrial. Pero este pedido no prosperó, porque de aprobarse quedaría sin efecto la denuncia planteada por los anteriores concejales y además la ciudad no estaría zonificada.
Nuevo pedido para forzar extinción de su imputación
Ante el revés que tuvo el intendente en su primer intento de derogar la ordenanza de zonificación del municipio, ahora presentó como parte de su estrategia judicial, un nuevo pedido a los ediles, solicitando que deroguen la resolución de la Junta Municipal N°229/2020, que anulaba la aprobación definitiva del plano de loteamiento que otorgó el intendente y que ya había cobrado G.60 millones a la inmobiliaria.
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Este pedido está en estudio y consideración de los nuevos concejales municipales que ya había rechazado la nulidad de la ordenanza que delimita la zona industrial.
Los nuevos concejales de conceder dicha autorización el intendente utilizará dicho documento para solicitar la extinción de la causa por improcedente porque quedará firme lo que había resuelto con su resolución N°656/2019, sin que hasta la fecha los investigadores demuestren si hubo o no irregularidad en la autorización del intendente, según manifestó un exconcejal municipal que prefirió no se lo mencione para evitar enfrentamientos.
La denuncia ante el Ministerio Público había promovido en setiembre del 2020 los concejales de ese entonces, Ada Andrea Ramírez, Ángel Enrique González Montiel, Arnaldo Benítez, Alberto Virgilli, Agustín Matto e Ignacio Cáceres, todos ellos colorados; los ediles liberales Margarita Miró, Rubén Galeano y Marcelo Benítez; Aníbal Benítez (FG) y Carlos Amarilla (Independiente), en aquella ocasión se abstuvo de formar parte de la denuncia el concejal colorado César Brítez.