Imputan a intendente de Carapeguá por producción de documentos públicos de contenido falso

CARAPEGUÁ. El fiscal de la Unidad Penal N° II de este municipio, Rodolfo Hiram Colmán, imputó al intendente local Luciano Cañete (abdista) por la sospecha del hecho punible “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”. La Junta Municipal lo había denunciado por autorizar de manera irregular un loteamiento para urbanización en una zona industrial.

Luciano Cañete(Abidsta), Intendente de Carapeguá
Luciano Cañete (abdista), intendente de Carapeguá.

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El fiscal Hiram Colmán en su acta de imputación señala que existen suficientes elementos de sospecha sobre el hecho punible contra la prueba documental de “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”, ocurrida el 29 de noviembre del 2019 y que se atribuye como supuesto autor al intendente Cañete.

El 8 de setiembre de 2019, los concejales municipales Ada Andrea Ramírez, Ángel Enrique González, Arnaldo Benítez, Alberto Virgilli, Agustín Matto e Ignacio Cáceres, todo colorados, y los ediles liberales Margarita Miró, Rubén Galeano y Marcelo Benítez; Aníbal Benítez (FG) y Carlos Amarilla (Ind.) presentaron la denuncia ante la Fiscalía de la Unidad II, a cargo del fiscal Rodolfo Colmán. Se abstuvo de firmar la denuncia el concejal César Brítez (ANR). Asimismo, acompañaron el pedido de investigación los funcionarios de la Junta Municipal Francisco Yamil Abdala, Gloria Brítez y Carmen Medina de Caballero.

Los concejales denunciaron que la Junta Municipal rechazó en dos ocasiones el pedido de loteamiento de un inmueble ubicado en el barrio Santa Margarita de este distrito. Alegan que por una ordenanza del año 2014 dicha zona fue declarada área industrial y no está permitida la urbanización.

La Junta Municipal tomó conocimiento mediante una nota que recibió el 23 de setiembre por parte de Luis Martínez Cáceres, en representación de la empresa Durban Trading SA, en que solicita la aprobación del plano de loteamiento del inmueble en cuestión.

Ahí se percataron de que hubo un sello de mesa de entrada del 26 de setiembre de 2019, cuando supuestamente se presentó ante la Junta Municipal para su estudio un expediente que lleva el número 235, refrendado con una firma ilegible que no corresponde a ningún funcionario del cuerpo legislativo. En el libro de registro de mesa de entrada tampoco figura dicho expediente.

De eso se valió el ejecutivo comunal y por resolución N° 656/2019 del 2 de diciembre aprobó de forma definitiva el referido loteamiento. El fiscal interviniente detectó que el certificado de aprobación del plano, que está rubricado por el intendente Cañete y la secretaria general Alba María Barrios, es de contenido falso. El juez Hilario Bustos fijó audiencia de imposición de medidas al intendente Luciano Cañete (ANR) para el próximo 28 del presente mes a las 10:00.

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