Los exconcejales habían acordado denunciado ante el Ministerio Público supuestas irregularidades que detectaron en la resolución N° 656 del 2 de diciembre del 2019 emitido por la Intendencia, a cargo de Luciano Cañete. Alegan se fraguó supuesta mesa de entrada N° 235 el 8 de agosto del 2019, para la solicitud de la aprobación del loteamiento.
Sin embargo, ese pedido nunca ingresó a la Junta Municipal para su estudio y aprobación, según la denuncia de los ex concejales. Alegan que el intendente aprovechó y sacó por sanción ficta la autorización de manera definitiva del loteamiento en una zona industrial a favor de la firma Durban Trading SA, representada por Luis Martínez Cáceres. Esto motivó la denuncia ante la fiscalía local por parte de 11 ex concejales municipales.
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Sobre lo dispuesto por los ex concejales en la resolución 229/20, el intendente fundamenta su veto asegurando que los ediles actuales no tienen atribuciones ”en el sentido de declarar nula la resolución N° 656/19 de la Intendencia Municipal, por la cual se aprueba de forma definitiva el plano de fraccionamiento de una propiedad ubicada en Carapeguá”.
Agrega que considera igualmente irregular la decisión de la Junta de remitir “comunicaciones” a la Dirección Nacional de Catastro; a la Dirección General de los Registros Públicos, y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Además el ejecutivo cuestionó que en este distrito no existe zona industrial ni está delimitada. Sin embargo, en el artículo 22 de la ordenanza N°01/2014 establece zona 4, Interés Especial Económico, denominado también “Zona Industrial”. Dicha área industrial abarca parte del barrio Virgen del Carmen y Santa Margarita.
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Más pruebas para levantar imputación de intendente, según defensa
La defensa técnica del intendente, Ivan Génez solicitó ante el Juzgado de Garantía local, la suspensión del procedimiento en la cual está imputado el ejecutivo comunal, pero luego desistió, alegando que acercará más pruebas para que se pueda levantar la imputación que se le investiga al intendente Cañete.
Entre algunas de las pruebas que ya dispone en su poder el abogado del intendente, es la Constancia del Tribunal de Cuentas donde se certifica que en dicha instancia no existe ninguna denuncia en lo contencioso y administrativo.
Dicha diligencia realizó atendiendo a que la denuncia se en su contra se realizó sobre una resolución de la intendencia por la que se autorizó el loteamiento de un inmueble en la zona industrial. Ahora necesita que cinco concejales le salven de esta situación aprobando el veto, para el efecto precisará de sus leales.