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El empresario Justo Ferreira, propietario de la firma Imedic, y su hija Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de la empresa, afrontan juicio oral y público por presunto contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en el caso de los “insumos chinos”, que se dio al inicio de la pandemia por covid-19 en abril de 2020.
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Los demás acusados en la causa son el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra, por los supuestos hechos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal; y los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, como presuntos autores de los delitos señalados en el Artículo 337 de la Ley 2422/04.
El defensor público Martín Muñoz, quien asumió la defensa de Gamarra, pidió la postergación del juicio oral a fin de interiorizarse de la presente causa y preparar su estrategia, pero el Tribunal de Sentencia no hizo lugar a dicho requerimiento.
Clan Ferreira quiere apartar del caso a tribunal especializado
En la etapa incidental el abogado César Alfonso, en representación de Patricia Ferreira, solicitó acumular esta causa con el proceso que afronta la presidenta de la firma Imedic por el supuesto contrabando de medicamentos oncológicos.
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El letrado también planteó una excepción de falta de competencia, argumentando que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Elsa García e integran sus colegas Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, no debe juzgar la causa penal.
La defensa de Justo Ferreira, ejercida por el abogado Marcio Battilana, se sumó al incidente de excepción de falta de competencia, alegando que la ley establece que el tribunal especializado debe atender las causas que superen los 5.500 jornales, alrededor de G. 540 millones, y que el supuesto perjuicio en este caso es solo de G. 120 millones.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos fijó la continuidad del juicio para el viernes 28 de abril, desde las 8:00. Ese día presentará sus incidentes la defensa de Gamarra y luego el Ministerio Público planteará su postura respecto a los planteamientos de las defensas.
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Ingreso irregular de camas hospitalarias durante la pandemia
La acusación presentada por el fiscal Osmar Legal señala que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a Paraguay no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron al país, según detalla la acusación del Ministerio Público.
El Ministerio Público agrega que el ingreso de las 50 camas fue posible porque el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, que durante la investigación fiscal se comprobó que no era auténtica.
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La carga tan esperada de insumos para luchar contra la pandemia de COVID-19 había llegado en la segunda quincena de abril de 2020, pero la gran mayoría de los ítems fueron rechazados por el Ministerio de Salud Pública porque no cumplían las especificaciones técnicas requeridas; de igual manera, la estatal no suspendió el contrato.