Esta mañana, en comunicación con ABC, el director general de Control de Contrataciones de la Contraloría General de la República, Paul Ojeda, habló con respecto al informe de 44 páginas que elaboró la Contraloría General de la República (CGR) en base a la licitación hecha por el Ministerio de Salud para la compra de insumos chinos de las firmas Imedic y Eurotec, del clan Ferreira. Estos cargamentos consistían principalmente en equipos de protección ante la pandemia del nuevo coronavirus.
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Al ser consultado sobre el daño patrimonial que se mencionaba en el documento, dio a entender que este se produciría si no se recupera los G. 17.000 millones entregados como anticipo. Remarcó que el Ministerio debía tramitar la ejecución de la garantía del anticipo para recuperar dicho desembolso.
“En realidad nosotros señalamos, en términos generales, que ante la serie de irregularidades detectadas y el incumplimiento que se detectó en la provisión de los insumos o equipamientos que eran vitales en ese momento, lo que en líneas generales causaba una lesión a todo el sistema de salud con el desaprovisionamiento del equipamiento”, subrayó.
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La carga tan esperada de insumos para luchar contra la pandemia de COVID-19 había llegado en la segunda quincena de abril, pero la gran mayoría de los ítems fueron rechazados por la cartera estatal porque no cumplían las especificaciones técnicas requeridas; de igual manera, la estatal no suspendió el contrato.
Cabe recordar que recién tras este lapidario informe de Contraloría –dado a conocer el 21 de mayo último–, que apuntaba a una licitación “viciada” de irregularidades, fue que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social decidió suspender el contrato con ambas firmas proveedoras y anunciar que ejecutaría la póliza.
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En ese contexto, el Ministerio de Salud solicitó a la compañía de seguros Patria SA la ejecución de la póliza por unos G. 25.000 millones, que no solo incluye el adelanto de G. 17.000 millones, sino también la garantía por incumplimiento de contrato, bajo el argumento de que las empresas proveedoras no entregaron la mercadería en tiempo y forma.
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Toda esta situación se desarrolló en el marco de la pandemia de COVID-19 y de la cuarentena sanitaria por la cual todo el país estuvo en aislamiento total desde el 21 de marzo hasta el 3 de mayo, para evitar la expansión masiva del virus, bajo el argumento de que el Gobierno se estaba empeñando en fortalecer el sistema de salud.
Posteriormente, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 realizó un análisis de 32 procesos de licitación que tenían como fin la lucha contra el nuevo coronavirus, en los cuales encontró una serie de irregularidades e inconsistencias, por lo que una vez más fue dilatada la posibilidad de adquirir equipos de protección u otros insumos ante la pandemia.
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Este escaso avance en el fortalecimiento del sistema de salud en casi cuatro meses de la pandemia se pudo observar en la mínima ejecución del presupuesto de salud, ya que solo se utilizaron US$ 4 millones del total de US$ 94 millones que le transfirió Hacienda de los préstamos obtenidos a través de la Ley de Emergencia sanitaria, según el informe anual presentado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
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Asimismo, cuando el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el viernes pasado fue abordado sobre el fallido intento de equipar los hospitales y al personal médico de acuerdo a la manera en que se había proyectado, señaló que tampoco estaba contento con la ejecución del presupuesto, pero acotó que con la cuarentena se buscó principalmente salvar vidas y, como “elemento secundario” pero no menos importante, equipar las unidades de salud.
Actualmente ya hay 2.456 contagios de COVID-19 informados oficialmente, de los cuales 1.180 se recuperaron y 20 fallecieron. Además, a 119 días del inicio de la cuarentena sanitaria, el país se encuentra en la fase 3, que se extiende hasta el 19 de julio.