Caso Metrobús: auditoría detectó falta de autorizaciones y millonarios ajustes para obras

En un informe de auditoría de más de 480 páginas, la Contraloría realizó en total 77 observaciones de las cuales 11 sirvieron de base para la imputación formulada por la fiscala María Estefanía González contra el ex titular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas Marta Regina Benítez Morínigo y el exgerente del metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por el hecho punible de lesión de confianza.

Dicho documento está agregado a la investigación fiscal que se abrió tras la denuncia del ingeniero Ricardo Hermann Pankow Noguera, el 28 de mayo de 2018, con relación a supuestas irregularidades cometidas durante las obras de construcción del proyecto metrobús.

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De acuerdo con datos señalados en la imputación, al momento de la firma del Contrato SG N° 100/2016 entre el entonces ministro de obras Ramón Jiménez Gaona y la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, el valor era de G. 300.417.120.672, sin embargo, con los varios ajustes que se dieron tuvo un incremento del 34% llegando a G. 403.900.791.062 y, el perjuicio total a las arcas del Estado, según el Ministerio Público‬, ascendió a US$ 29 millones.

En el marco de esta causa, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó el embargo sobre las cuentas bancarias de Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, de la suma de G. 36.456.970.944 de cada una de ellas, totalizando el valor de G. 109.370.912.833, que representa el monto de los pagos realizados por los incoados durante su administración en el MOPC.

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Incrementos en el valor del contrato del metrobús

El informe refiere en su observación 14 un ajuste total de G. 108.802.005.390 en los contratos respectivos del MOPC con las empresas Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA y la fiscalizadora Typsa Incosa Ingeges SA, es decir, el valor se incrementó en G. 103.483.670.390, representando una variación del 34%, y G. 5.318.335.000, representando una variación del 32,5%, respectivamente.

De esta forma, el contrato con Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA que era inicialmente de G. 300.417.120.672 pasó ser de G. 403.900.791.062, mientras que el contrato con Typsa Incosa Ingeges SA trepó de G. 16.320.161.454 a G. 21.638.496.454, alcanzando así la suma total entre ambos de G. 425.539.287.516.

Según la observación 15 de la Contraloría el MOPC pagó a Mota-Engil la suma de G. 8.447.215.788, por trabajos complementarios, certificados, pero sin la intervención de la firma fiscalizadora. En este sentido, el equipo auditor, a través de un memorándum, pidió saber quién fiscalizó dichas labores a lo que la cartera de Estado respondió que fue el ingeniero del contrato.

En cuanto a quienes estamparon su firma en los certificados, el MOPC respondió que fueron el ingeniero Jorge Pereira, representante del contratista, y el supervisor de obras, el ingeniero Eligio Pappalardo Brugada, el ingeniero del contrato”.

Tampoco se aplicaron multas correspondientes

Igualmente, la Contraloría observó la falta de aplicación de una multa a Motta-Engil por valor G. 5.615.273.284, según cálculo realizado por la empresa fiscalizadora Typsa Incosa Ingenes SA, y que a su vez tuvo dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos N° 1545 del MOPC.

Pese a que la multa tuvo dictamen favorable para su aplicación, “no se evidenció el descuento de la multa en los certificados del contratista”. La sanción fue porque la constructora se retrasó en la presentación del diseño final del proyecto.

De acuerdo con la Nota N° BTR 23.GES-000-C010-CTR234 del 23 de enero de 2017, Mota-Engil solicitó prórroga para presentar el diseño final, y de esta forma incluir la zanja técnica donde debía ir el cableado aéreo. La presentación se completó recién el 23 de junio, es decir, 93 días después, pues la fecha límite que se había fijado como la última, fue el 23 de marzo de 2017.

El MOPC tampoco aplicó una multa de G. 14.550.000.000, por los restrasos en los Tramos 2 y 3 correspondientes a las avenidas Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia, respectivamente, en los certificados pagados a Mota-Engil, por incumplimiento de metas parciales establecidas en el octavo y décimo cuarto mes, pese a estar habilitada para hacerlo.

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El contrato entre el MOPC y Mota-Engil señalaba que “cuando el avance de las obras en los meses de control de las metas intermedias sea inferior al 50%, el contratante aplicará una multa de G. 10 millones por día de atraso hasta satisfacer las metas establecidas para el mes de control”.

Así, según el informe de Contraloría, se tiene que para en el mes 8, para el tramo 2, la fecha de control se fijó para el 26 de abril de 2017 y se cumplieron las metas recién el 2 de setiembre de 2018, es decir, con 494 días de retraso, aplicándose una multa de G. 4.940.000.000. En el mes 14 la fecha de control fue 26 de octubre de 2017 y se cumplieron las metas el 2 de setiembre de 2018, con 311 días de atraso, con una multa de G. 3.110.000.000. En total por el Tramo 2 correspondió aplicar una multa de G. 8.050.000.000.

En cuanto al Tramo 3, en el mes 8 la fecha de control fue el 26 de abril de 2017 y la fecha final fue 31 de marzo de 2018, con 339 días de atraso, debiéndose haber aplicado una multa de G. 3.390.000.000; mientras que por el mes 14, la fecha de control fue el 26 de octubre de 2017 y la fecha final el 2 de setiembre de 2018, con un retraso de 311 días, y una multa de G. 2.910.000.000, totalizando un monto de G. 6.300.000.000.

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Otras irregularidades señaladas por Contraloría

En la “observación 1″, se hace mención a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llamó a Licitación Pública Internacional para la construcción del sistema troncal BTR - Corredor Principal - Tramos 2 y 3, que fue publicado el 30 de setiembre de 2015, sin que se haya formalizado el acuerdo con la Municipalidad de San Lorenzo para el inicio de las obras.

El ente estatal, como requisito previo, debió formalizar los acuerdos con los municipios de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo, en relación a los tramos 2 y 3 del proyecto que involucraba las avenidas Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia, respectivamente.

La Contraloría pidió, vía Memorándum UEP-RU/BRT N° 370/2019, la remisión del convenio entre el MOPC y la municipalidad sanlorenzana, a lo que la cartera de Estado respondió “no fue encontrado en nuestro archivos”. Igualmente, los auditores se constituyeron en la Municipalidad donde tampoco se encontró el archivo.

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Por otra parte, el diseño de los desagües pluviales del metrobús fue elaborado y ejecutado por Mota-Engil y fue aceptado por el MOPC, basado en un “periodo de retorno” de 10 años, pese a que en el propio “Manual de Carreteras” de la cartera de Estado establece que para ese tipo de carretera (Red primaria), el valor estándar del periodo de retorno de los elementos para desagüe debía ser de 50 y 25 años.

La “observación 61″ hace referencia a la contratación de cuatro consultoras individuales para el cargo de “Asistente del Especialista Social-BTR”, Alba Gaona, Mirian Lorena Mancuello, Sara Raquel Domínguez, que prestaron servicios de 2016 a 2018, recibiendo cada una un importe de G. 187.000.000, totalizando así G. 561.000.000; y la cuarta, Lorena María Giménez, quien renunció el 23 de agosto de 2016.

Según el documento, todas tenían como objetivos comunes determinar posibles impactos sociales y plantear acciones mitigadoras; acompañar el trabajo social de divulgación del proyecto a grupos de interés; preparar planes de gestión ambiental y social para mitigar impactos; elaborar informes sobre la situación de familias, ocupantes o asentamientos en zonas afectadas por el proyecto, entre otras labores asociadas al proyecto.

Jiménez Gaona había dicho, en su descargo ante estos datos, que las consultoras Alba Gaona tenía a su cargo realizar capacitaciones, Sara Domínguez debía identificar puestos fijos de venta sobre los tramos y Mirian Mancuello, estaba a cargo de la atención al mecanismo de consulta.

Durante el relevamiento de datos hechos por las firmas consultoras Gestión Ambiental (GEAM), Centro de Atención a la Pequeña y Mediana Empresa (Capyme) y la Fundación Emprender, la población afectada por el proyecto fue de 2170 unidades económicas y sociales y 527 puestos fijos.