La defensa de la fiscala suspendida Ana Girala presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providiencia del 16 de agosto, dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, que admitió la acusación planteada por el fiscal anticorrupción Osmar Legal, por presunto cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y persecución de inocentes.
Los abogados Juan Rafael Ramírez Rolón y Mónica Oviedo, defensores de Girala, señalan en el escrito que el presente proceso penal se inició por providencia de fecha 1 de marzo de 2023; y que en dicha resolución el juez de Garantías fijó el plazo de 6 meses para llevar a cabo la etapa preparatoria, para cuyo efecto estableció el 1 de septiembre de 2023 como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
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Sin embargo, cuestiona la defensa, el fiscal Osmar Legal “ha decidido unilateralmente dar por finalizada la primera etapa procesal solicitando abreviación del plazo (que no es lo mismo que la renuncia) y, en conjunto ha formulado acusación en contra de la señora Ana Girala, así como también, en contra de los demás procesados en esta causa”.
Agrega que el juez penal de Garantías, por su parte, ha recibido la acusación antes del tiempo fijado por él mismo y sin haber previamente impreso el trámite previsto para la abreviación del plazo (conformidad de todas las partes), así como tampoco, se ha expedido con respecto al mismo.
Argumentos de la chicana de Ana Girala
La defensa de la fiscala suspendida Ana Girala fundamenta que el Código Procesal Penal, en su Capítulo IV, reglamenta sobre los plazos procesales y dispone en su artículo 129 sus principios generales, estableciendo, en primera medida (de forma imperativa), que los actos procesales deben ser cumplidos en los plazos establecidos.
Sobre el punto señala que la ley realiza una distinción entre tipos de plazos que pueden presentarse a lo largo del proceso penal, los cuales son los procesales y judiciales y así, dispone que estos serán perentorios e improrrogables, con la salvedad prevista por la ley en la que se permita su prórroga o se subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad.
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“Es cierto que el representante del Ministerio Público es el que dirige la investigación, pero esta tarea no implica finalizar unilateralmente la etapa preparatoria, pues la duración de esta es un plazo común”, resalta la defensa en parte del recurso planteado.
Indica también que el pedido de abreviación del plazo, formulada por cualquiera de las partes en un proceso penal, se debe solicitar vía incidental; pero que en el presente caso el fiscal Osmar Legal “ha resuelto finalizar la etapa procesal formulando acusación y remitiendo todas las actuaciones investigativas sin siquiera contar con la decisión previa del Juez Penal respecto a la posibilidad (o no) de la abreviación del plazo”.
Críticas contra el juez de la causa
En cuanto al juez de Garantías José Delmás, los representantes de Girala cuestionan que haya resuelto recibir la acusación y fijar fecha de audiencia preliminar sin antes haber contado con la manifestación expresa, no solo de la acusada, sino de todos los demás procesados en esta causa.
Por último remarca que “en el caso hipotético de que hubiera sido esta defensa o cualquiera de las demás la que hubiera solicitado (vía incidente) la abreviación del plazo para concluir la etapa preparatoria, con seguridad el Juez Penal hubiera impreso el trámite respectivo y así hubiera ordenado el traslado respectivo al representante del Ministerio Público”.
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Los demás acusados por el Ministerio Público y convocados para la audiencia preliminar son Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal de Girala, y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, secretaria de la unidad fiscal de San Lorenzo, como coautoras y cómplices de los hechos punibles de extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y persecución de inocentes.
La acusación del Ministerio Público es también contra los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por supuesto soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
Girala “lideraba” asociación creada para recaudar
La acusación resalta que la fiscala Ana Girala, su asistente Christi Ortega y la secretaria Griselda Acha llegaron a un nivel de confianza tan importante que mantenían una coordinación y organización conjunta “para poder obtener réditos económicos de las causas penales tramitadas en dicha unidad fiscal, de tal forma a que no sean descubiertas y así, asegurarse el disfrute de dichos beneficios”.
Agrega que Girala se encargó de determinar en qué causas penales se podrían realizar “negociaciones” de acuerdo al perfil de cada usuario del sistema de justicia o en su caso, de acuerdo a quién era el abogado que intervenía en las mismas.
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Una vez que determinaba las causas, la agente fiscal fijaba el “precio” de su trabajo, que podría incluir desde la recepción de pedidos de allanamientos en los turnos, una salida procesal, entrega de rodados, formular imputación o así también, realizar diligencias propias de las causas penales como cualquier otra actividad propia de sus funciones como agente fiscal, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.
“Ana Girala se encargó de instruir a su asistente y su secretaria sobre cómo debían proceder con los abogados, víctimas o procesados, las dirigía de manera a que atiendan que no sean descubiertas y que no corran peligros los planes de “recaudaciones” que ponían en marcha”, resalta parte de la acusación.