Por medio de su abogado defensor, Juan Leandro Marques Alvarenga, uno de los 41 imputados en el caso Pavo Real Py I, denunció ante el Ministerio Público al juez Osmar David Legal Troche por supuesto prevaricato. Según consideró, el magistrado dictó de manera arbitraria sus resoluciones, violando las normas del debido proceso, al “cubrir” negligencias cometidas por la Fiscalía en el marco de esta causa.
El juez Penal de Garantías, Osmar Legal, explicó el motivo por el que se realizó el allanamiento a la casa del diputado Eulalio “Lalo” Gomez en horario nocturno. El justificativo es que la sorpresa es uno de los factores que permite a los intervinientes incautar la mayor cantidad de evidencias posibles.
Rafael Filizzola, senador del Partido Demócrata Progresista (PDP), hizo un análisis de la orden del juez Osmar Legal sobre el allanamiento a la vivienda del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, donde resalta seis puntos que podrían ser cuestionados. Durante el procedimiento, el legislador murió de un disparo por parte de la Policía Nacional.
En la tarde de este lunes el juez de Garantías Osmar Legal admitió la imputación y procesó al hijo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes y a otros tres por presunto lavado de dinero y asociación criminal, además fueron fijadas las audiencias de imposición de medidas para el 20 y 26 de agosto.
El juez Osmar Legal resolvió permitir la extradición al Brasil, de la mayoría de los procesados en el operativo Dakovo sobra el tráfico de armas. En el caso de diez de los imputados, el proceso no es voluntario, pero para dos sí lo será, según lo decidido.
El senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), acusado de presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en la causa “A Ultranza Py”, fue convocado para el lunes 15 de julio, a las 8:00, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar de su caso. La convocatoria del magistrado es bajo apercibimiento al legislador colorado y la defensa, que en caso de plantear recursos dilatorios, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Procesal Penal.