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Los supuestos abusadores son personal de la Policía Nacional y vecinos de la víctima. Uno de ellos habría filmado cuando mantenía relaciones sexuales con la menor de 13 años. Luego habría compartido las imágenes con su camarada, también vecino de la víctima y ambos empezaron a extorsionarla.
Le amenazan con hacer viral las imágenes si no accede a mantener relaciones sexuales con ambos, según la denuncia. Además, los uniformados solicitaban dinero a la menor con la advertencia de que si no accede asesinarían a su padre, según la denuncia presentada en el fiscalía por los progenitores de la niña.
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El padre de la víctima comentó que se dio cuenta del hecho entre septiembre y octubre del año pasado tras percatarse del comportamiento extraño de su hija. Indicó que en ocasiones la niña no quería ir al colegio y constantemente se extraviaba dinero de la casa. Al consultarle sobre la situación a su hija, le relató el infierno que estaba viviendo y acusó a los uniformados de ser los autores del hecho.
Comentó que denunció el crimen en la fiscalía de Coronel Oviedo y que el caso quedó a cargo del fiscal en lo penal de ese entonces, Fermín Segovia. Pero, este remitió el expediente a la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil, cuya titular es Carina Sánchez, quien hasta ahora no pidió la detención de los uniformados, indicó el preocupado progenitor.
Añadió que la niña tuvo un impacto psicológico muy duro y que ante el abandono de la justicia no tuvieron otra opción que enviar a la menor a vivir en otro departamento del país para alejarla de sus agresores.
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La abogada Andrea Pereira, representante de la familia de la víctima, comentó que cualquier relación sexual con una menor de 13 años es considerada abuso sexual y llama la atención que la fiscalía haya obviado esa parte. Dijo que el proceso está congelado y que además de exigir el cambio de carátula por abuso sexual en menor y pornografía infantil, piden que los autores del crimen sean castigados con todo el peso de la ley.
Agregó que los dos sindicados siguen viviendo cerca de la casa de la víctima y sin ninguna restricción.
intentamos hablar sobre el tema con la fiscala que lleva la causa, Carina Sánchez, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes a su celular con terminación 776. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.