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La audiencia preliminar del ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard y otros cinco acusados de presunta lesión de confianza en el caso “tapabocas de oro”, prosiguió esta mañana con la contestación de la Fiscalía al incidente de nulidad de la acusación, planteada por la defensa del ex alto funcionario estatal.
Los fiscales Silvio Corbeta, Natalia Silva y Luz Guerrero pidieron al juez de Garantías Raúl Florentín que rechace el incidente de nulidad de la acusación presentada el pasado 28 de abril por la fiscala Adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca. Dicho recurso incidental fue planteado por el Abg. Claudio Lovera en representación de Melgarejo Ginard.
Los demás acusados son Marcelo Rubén Ovelar, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones de Dinac; Fernando Gallardo de Brix, exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi; y Luz Chamorro Báez, exgerente administrativa de la institución estatal.
En la primera jornada de la audiencia preliminar la fiscalía también ratificó la acusación en relación al exdirector financiero de la Dinac Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma Proyectos Global S.A Katherine Pamela Toñánez y Carlos Alberto Vargas Franco.
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Ratifican validez de acusación por “tapabocas de oro”
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta argumentó el pedido de rechazo al incidente de nulidad de la presente acusación, resaltando que el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Adjunta Soledad Machuca no ha modificado los hechos imputados, y que los procesados tuvieron suficiente oportunidad para defenderse.
“Los hechos no variaron, no existe incongruencia alguna entre la indagatoria, la imputación y la acusación fiscal presentadas. Siempre fueron sobre el supuesto perjuicio patrimonial ocasionado a la Dinac, no existieron nuevas conductas ni tipos penal, por lo tanto no se puede hablar de ninguna indefensión y, en consecuencia, consideramos infundado el incidente de nulidad de la acusación”, expresó el agente.
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La audiencia preliminar proseguirá el lunes 4 de diciembre, a las 8:30, con la contestación del Ministerio Público sobre los demás incidentes planteados por las otras defensas, como extinción de la causa penal por reparación del daño, inclusiones y exclusiones probatorias.
Ese día el juez de Garantías Raúl Florentín resolverá si atiende el pedido del Ministerio Público y eleva a juicio oral la presente causa penal; o hace lugar al planteamiento de las defensas y decreta la extinción de la acción penal, por reparación del daño o por nulidad de la acusación fiscal.
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Critican “actitud obstinada” del Ministerio Público
El Abg. Rodrigo Yódice, quien junto a su colega Arturo Daniel ejercen la defensa del acusado Fernando Gallardo de Brix, cuestionó la insistencia de los fiscales Silvio Corbeta, Natalia Silva y Luz Guerrero en llevar la presente causa penal a juicio oral, con el fundamento que el verdadero perjuicio al Estado se está causando con la inversión innecesaria de sumas de dinero para sostener toda la estructura judicial, queriendo llevar el caso a la siguiente etapa procesal.
El letrado apeló a la “valentía” del juez de Garantías Raúl Florentín para dar por cerrado el debate sobre la presente causa penal, en la audiencia preliminar, ya que a su criterio no se puede seguir sosteniendo la sospecha sobre la existencia de una lesión de confianza, en atención a que el presunto daño que sufrió la Dinac, que asciende a los G. 119.960.000, ya fue reparado íntegramente.
“Me parece una actitud absolutamente obstinada, infundada e insustentable del Ministerio Público la insistencia de llevar este caso a juicio oral. Es una deslealtad por parte de la persecución penal estatal proseguir en una causa, a sabiendas que el presunto perjuicio invocado, en desmedro del Estado, ha sido total y absolutamente reparado”, resaltó Yódice.
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Por otro lado, el defensor calificó como “una vergüenza” la acusación presentada por la fiscal Adjunta Soledad Machuca, debido a que modificó sustancialmente los hechos atribuidos a su cliente Fernando Gallardo de Brix, sin que el mismo haya sido advertido del cambio y convocado a declaración indagatoria para defenderse de estos nuevos hechos.