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La jueza penal de garantías Clara Ruiz Diaz Parris tras la revisión de medidas cautelares, confirmó la prisión preventiva que pesan sobre la abogada Fátima Patricia Agüero Stelhik (39 años) y para la enfermera María Luján Aguilera Chaparro (34), en el proceso que enfrentan por estafa y asociación criminal derivado de la venta de cargos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La causa penal abierta es la Nº 221/2.024 caratulada “Fátima Patricia Agüero Stehlik y otros s/ estafa y otros”.
Jorge Miguel Aquino Riveros, igualmente imputado por los mismos hechos punibles, hasta ahora es el único beneficiado con el arresto domiciliario por parte de la jueza Ruiz Diaz. Aquino es hijo del abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna, Ramón Aquino, quien se jactó de sus influencias durante el allanamiento a su residencia.
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Juzgado otorga más tiempo para que imputadas no vayan aún al Correccional de Mujeres
La abogada Fátima Agüero esta con prisión preventiva por medio del A.I. Nº 32 del 12 de enero de 2.024, que dispuso que debía guardar reclusión en la Comisaría 8° Metropolitana, por 15 días hábiles, y una vez cumplido este plazo debía ser remitida a la Penitenciaría Casa del Buen Pastor. Los 15 días hábiles debían cumplirse el viernes 2 de febrero.
Sin embargo, con la nueva disposición de prisión preventiva decretada por la jueza Ruiz Diaz Parris, quien dispuso por medio del A.I. N°80 del 26 de enero de 2024 que la abogada Fátima Agüero guarde reclusión en la Comisaría 12 de Mujeres, con lo que le da “respiro” por otros 15 días hábiles, término tras el cual la imputada deberá ser remitida a la Penitenciaría del Buen Pastor.
Con esta última resolución judicial la abogada Fátima Agüero tiene un nuevo vencimiento para ser remitida al penal, que sería el 14 de febrero, toda vez que antes no medie una disposición judicial en contrario.
En el caso de la imputada enfermera María Luján Aguilera Chaparro, ocurrió igual situación. Por A.I. Nº 35 del 12 de enero de 2.024, se había resuelto decretar su prisión preventiva en la Comisaría 4° Metropolitana, y de igual manera, el viernes 2 de febrero debía ser enviada a la Penitenciaría de Mujeres Casa del Buen Pastor.
Asimismo, la enfermera Aguilera Chaparro, con el AI N°81 del 26 de enero de 2024, tiene un plazo ampliado hasta el 14 de febrero, tiempo vencido tras el cual, deberá ser enviada a la penitenciaría del Buen Pastor.
Juzgado rechazó de la revisión de medidas
Por los citados autos interlocutorios del 26 de enero, la abogada Fátima Agüero y la enfermera María Luján Aguilera Chaparro, seguirán recluidas en la Comisaría 12 de Mujeres. El argumento es que las defensas de ambas imputadas no han presentado hechos nuevos que modifiquen los presupuestos y hechos punibles atribuidos para decretar la prisión preventiva.
La jueza Clara Ruiz Diaz Parris también invoca que para asegurar la sujeción de las imputadas al proceso y evitar que las mismas destruyan, modifiquen o supriman alguna prueba de valor para el juicio, es necesaria la prisión preventiva.
Agrega que esta medida debe ser dictada sólo en casos excepcionales y no implica en absoluto menoscabo a la presunción de inocencia que gozan las imputadas. El nuevo proceso penal la hace viable (prisión preventiva) solamente cuando otras medidas no pueden controlar el peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, que no han sido desvirtuadas aún.
La magistrada asimismo hace alusión a que los hechos punibles por las que fueron imputadas, estafa y asociación criminal, son considerados graves.
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El caso de venta de puestos laborales en el IPS
Este caso inició con una denuncia anónima que llegó hasta el Ministerio Público a través del asesor jurídico de la previsional IPS Abg. José González Maldonado, junto a la jefa del Departamentos de Asuntos Penales del IPS Abg. Alicia Olazar. Posteriormente, en la noche del miércoles 10 de enero, se llevó a cabo un operativo de entrega vigilada de la suma de G. 6 millones a la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado, por parte de un médico de la previsional a cambio de una recategorización salarial.
En este procedimiento encabezado por la fiscala Sandra Ledesma también fueron aprehendidos José Manuel Agüero Stelhik, el hermano de la letrada; Jorge Miguel Aquino Riveros y María Luján Aguilera Chaparro, funcionaria del IPS.
La agente fiscal del caso imputó a estos detenidos por estafa y asociación criminal y la jueza de feria Lici Sánchez dispuso que guarden prisión preventiva.
Últimos detenidos por venta de cargos en IPS, a prisión
Entre la noche del jueves11 de enero y la mañana del viernes 12, de llevaron a cabo otros cuatro procedimientos, en los que la comitiva logró la detención de Zulma Verónica Villalba Colmán, ex funcionaria de la previsional y sindicada por los denunciantes como la “reclutadora” del esquema de estafa y la administradora del dinero que recaudaban.
El último detenido fue Eduvigis Espínola, que es funcionario activo del IPS, quien sería el coordinador del grupo de estafadores, de acuerdo a las víctimas.
Los dos últimos fueron imputados el 13 de enero también por la fiscala Sandra Ledesma por presunta estafa y asociación criminal y la jueza de Garantías de turno Diana Carvallo decretó la prisión preventiva de los mismos, por peligro de obstrucción al proceso y peligro de fuga.
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IPS amplió denuncia
La Abg. Alicia Olazar, del Departamento de Asuntos Penales del IPS, amplió ante la Fiscalía la denuncia en contra del presunto esquema de estafa con la “venta” de cargos, recategorizaciones y nombramientos dentro de la institución previsional.
En el escrito presentado, la funcionaria identifica a Carlos Adolfo Villalba Orué, funcionario contratado de la sección Seguridad y Control; y a Jorge Felipe Saboredo Azcurra, funcionario permanente del Departamento de Medicina Interna, ambos en el Hospital Central del IPS, como presuntos implicados.
Por otra parte menciona al señor Jorge Manuel Juvinel Ferreira, quien tiene orden de captura decretada luego de un operativo realizado el 21 de diciembre de 2023 por hechos que están vinculados a la presente investigación del Ministerio Público.