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La fiscal adjunta Patricia Rivarola ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo del exintendente de Concepción Alejandro Urbieta de la causa penal por supuesta lesión de confianza que, de acuerdo a la investigación inicial, habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.600 millones al municipio norteño, con obras inconclusas.
En noviembre del año pasado el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás decidió dar trámite de oposición al pedido del fiscal José Martín Morínigo y remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que revise la actuación de los fiscales intervinientes y ratifique o rectifique el requerimiento planteado.
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A través del Dictamen N° 166 del 22 de diciembre de 2023 la fiscal adjunta Patricia Rivarola ratificó la solicitud de sobreseimiento definitivo para el ex jefe municipal y para los demás procesados en la presente causa: Pedro Alberto Vera Escurra, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Concepción; Arsenio Domínguez, fiscal de obras de la Comuna; y Rigoberto Vicencini Benítez, representante de la empresa adjudicada para las obras “Conserpar”.
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En atención a la postura del Ministerio Público, el juez de Garantías José Delmás program para el jueves 22 de febrero, a las 8:00, la audiencia preliminar para decretar el sobreseimiento definitive de los cuatro encausados.
Argumentos del dicamente a favor de Alejandro Urbieta
La fiscal adjunta Patricia Rivarola ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo alegando que un perito del Ministerio Público realizó una pericia en fecha 24 de mayo de 2023, cuyo trabajo concluyó que “del 100% de los trabajos previstos se ejecutó el 84%. Las obras no ejecutadas fueron compensadas con otras obras, en otros lugares, en un 16%, consiguiendo así alcanzar el total”, según resalta el Dictamen N° 166.
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Agrega que al no existir perjuicio patrimonial efectivo, determinado por la disminución patrimonial en detrimento de la Municipalidad de Concepción, en este caso en particular, las obras pagadas fueron efectivamente realizadas, por lo que no se puede establecer una disminución en el patrimonio municipal.
En su dictamen la fiscal adjunta encargada de Unidades Penales Ordinarias de la Sede 1 del Ministerio Público, resalta también que la ausencia de uno de los elementos objetivos requeridos por el tipo penal, impide la configuración del hecho punible, por lo que resulta innecesario considerar los demás elementos requeridos para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
Respecto al presunto préstamo de dinero realizado al Banco Continental, la fiscal adjunta concluye que de las constancias obrantes, tanto en el cuadernillo de investigación fiscal como en el expediente judicial, “existe una duda insuperable sobre la comisión del hecho punible de lesión de confianza por parte de los procesados, por lo que corresponde el sobreseimiento definitivo”.
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Las obras que motivaron la imputación a Urbieta
El 22 de marzo del 2021, la fiscala Stella Mary Cano imputó a Urbieta por lesión de confianza en obras de desagüe pluvial, adoquinado y empedrado por más de G. 8.199 millones en la avenida Boquerón.
La imputación revela que la comuna pagó poco más de G. 6.000 millones por los trabajos ejecutados – algunos de mala calidad y otros inconclusos– pero según pericia arquitectónica, el valor de la obra es de G. 4.466.652.327, por lo que el perjuicio ocasionado a la comuna norteña es de G. 1.596.752.689.
También, la municipalidad obtuvo un préstamo bancario de G. 573.129.628 para construcción de desagüe pluvial en la calle Soldado Desconocido hasta la intercepción de la calle 13 Tuyutí del barrio Villa Armando. La obra debía abarcar 21 cuadras, pero solamente se hizo en seis cuadras.
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Posteriormente la fiscala Cano acusó y pidió juicio oral y público para todos, pero en una audiencia preliminar realizada el 14 de setiembre del 2022, se rectificó en su requerimiento inicial y se allanó al pedido de sobreseimiento provisional planteado por la defensa.
Cano argumentó que las obras concluyeron con posterioridad a la presentación del requerimiento conclusivo. En consecuencia, pidió realizar una pericia arquitectónica sobre el estado real de las obras al momento de las actas de recepción, entre otras diligencias.