SPP: registran más de 100 agresiones a periodistas en tres años

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La Ley de protección a periodistas sería tratada en el Congreso en las próximas semanas, luego de los últimos atentados y las sesiones de la Corte IDH en Paraguay. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) aseguran que entre el 2022 y el 2025 se registraron al menos 100 casos de algún tipo de agresión. Además, resaltaron que la iniciativa legislativa prevé también el resguardo a la integridad de los defensores de derechos humanos, tal y como lo contempla la sentencia de la mencionada corte internacional.

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El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) insistió en la urgencia de aprobar la Ley de Protección a Periodistas, iniciativa que podría debatirse en el Congreso en las próximas semanas. La propuesta cobra fuerza tras la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en un contexto de reiterados ataques contra comunicadores en distintas regiones del país.

Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas, destacó que recibieron la información de que finalmente el Congreso decidió tratar el proyecto. “Hay aparentemente un acuerdo entre las bancadas de que se va a tratar la propuesta de ley, se evaluará el proyecto y también las propuestas de modificaciones”, manifestó.

Explicó que en los últimos tres años, es decir, mayoritariamente durante el Gobierno de Peña, se documentaron más de 100 casos de agresiones contra trabajadores de prensa, que van desde amenazas y hostigamientos hasta ataques armados. Afirmó que las agresiones ya son recurrentes.

“Entendemos nosotros que son recurrentes porque hay una estructura social, política, económica, donde uno levanta una baldosa y encuentra algún nivel de ilegalidad. Hay gente que se está enriqueciendo o acumulando poder a partir de esas situaciones de ilegalidad. Entonces, cuando el periodismo denuncia eso, se convierte inmediatamente en enemigo o en adversario, por parte de estos grupos. ¿Y qué es lo que planteamos? Que el Estado necesita tener una política pública que garantice la protección a los periodistas, no por un privilegio a los periodistas, sino para garantizar el derecho ciudadano a acceder a información”, planteó.

El dirigente gremial también cuestionó los discursos de hostigamiento desde el propio poder político. “Estamos ante el periodo legislativo con mayor cantidad de agresiones hacia colegas dentro del Congreso, y el presidente de la República incluso ha señalado públicamente a trabajadores de prensa responsabilizándolos por la línea editorial de sus medios. Eso envía un mensaje peligroso a la sociedad”, enfatizó.

Los tres pilares de la iniciativa

El proyecto de ley, elaborado a partir de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Santiago Leguizamón, plantea tres ejes fundamentales:

  • Prevención: campañas de sensibilización sobre libertad de expresión y capacitación a funcionarios públicos, fiscales y policías.
  • Protección: creación de un mecanismo con potestad para ordenar medidas inmediatas, como custodia, traslados a lugares seguros o provisión de recursos para garantizar la seguridad de los periodistas.
  • Acceso a la justicia: el SPP propone que las amenazas y agresiones contra periodistas pasen de ser de acción penal privada a pública, evitando que las víctimas deban costear abogados para litigar por su seguridad.

Protección también para defensores de derechos humanos

El dirigente resaltó que la iniciativa legislativa no se limita únicamente a periodistas, sino que también busca resguardar a defensores de derechos humanos, quienes en Paraguay enfrentan riesgos similares.

Líderes indígenas, campesinos y referentes comunitarios sufren persecución y amenazas cuando defienden sus territorios o reclaman derechos básicos. Al igual que los periodistas, son actores clave para la democracia y requieren garantías efectivas de seguridad”, subrayó.

Ortiz recordó que la propia sentencia de la Corte IDH en el caso Santiago Leguizamón establece que el Estado paraguayo debe adoptar medidas de protección amplias, que incluyan a todas las personas que ejercen la libertad de expresión o defienden derechos fundamentales.

“No se trata de un beneficio corporativo, sino de una herramienta para proteger a quienes exponen su vida por informar, denunciar o defender a sus comunidades”, agregó.

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