El trágico suceso se registró aproximadamente a las 05:50 de este jueves, sobre la ruta internacional PY01, en el tramo que une las ciudades de Paraguarí y Carapeguá. El percance involucró a un automóvil Toyota Corolla, guiado por el ahora imputado Fama Pedro, y una motocicleta al mando del Vicesargento 1° de Artillería Alexander Maciel Barrios (24), quien perdió la vida de forma instantánea.
La fiscal interina de la Unidad Penal Nº 2, Milena Basualdo, presentó la imputación formal contra Caio Henrique Fama Pedro, de profesión mecánico industrial, domiciliado en el barrio San Francisco de Paraguarí. Según el acta de imputación, existen elementos de sospecha suficientes para sostener la responsabilidad del extranjero en el hecho tipificado como homicidio culposo.
La víctima fatal, oriunda de Acahay y personal del Comando de Artillería de Paraguarí, se desplazaba en una motocicleta Kenton GTR color azul con destino a su unidad militar. Al alcanzar el kilómetro 73, impactó frontalmente contra el automóvil Toyota con chapa brasileña FLT6F94.
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El médico forense del Ministerio Público, Dr. Andrés Alvarenga, diagnosticó como causa de muerte “politraumatismo severo”. Por su parte, agentes de la Patrulla Caminera realizaron la prueba de alcotest al conductor del automóvil, la cual arrojó un resultado negativo (0,00 mg/L).
Dos versiones y pericia pendiente
La investigación se centra ahora en determinar la dinámica del impacto, ya que existen dos versiones contrapuestas, señaló la fiscal.
El imputado dijo que circulaba hacia Carapeguá cuando el militar realizó un adelantamiento indebido, invadiendo su carril.
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La otra hipótesis que maneja la Fiscalía es que habría sido el automóvil el que realizó la maniobra de adelantamiento que derivó en el choque frontal.
“Se ha solicitado la pericia accidentológica como anticipo jurisdiccional de pruebas para determinar con rigor técnico cómo ocurrió el percance”, señaló la fiscal Basualdo.
Medidas solicitadas
Pese a la gravedad del hecho, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, requiriendo en su lugar el arresto domiciliario del ciudadano brasileño.
La fiscal argumentó que, si bien existen riesgos de fuga y de obstrucción, estos pueden ser mitigados con la fijación de un domicilio real y la imposición de una caución real o personal por parte de un fiador idóneo, cuyo monto deberá ser determinado por la magistratura. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.