En la tarde de este domingo, pobladores de Luque y Areguá se manifestaron este domingo en las inmediaciones del peaje “Ecovía” para exigir la liberación del pago, especialmente en horarios pico y durante los fines de semana, cuando el tránsito se vuelve caótico. Los manifestantes sostienen que el cobro es inconstitucional y rechazan que la administración del puesto esté a cargo del consorcio Rutas del Este, vinculado —según denunciaron— al senador colorado Luis Pettengill.
Desde enero de este año, la empresa administra el peaje de la zona, situación que, de acuerdo con los manifestantes, generó cuellos de botella y un agravamiento de la congestión vehicular sobre la ruta Luque–San Bernardino, uno de los principales accesos a la ciudad veraniega.
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“No hay una ley que regule el peaje”
Fredy Ferreira, uno de los manifestantes y organizador de la movilización, afirmó que el principal reclamo gira en torno a la falta de una ley que reglamente el cobro de peajes en el país.
“En Paraguay no existe una ley que regule el peaje, la tarifa, qué se va a hacer con el dinero recaudado, cómo y cuándo se va a gastar. Todo eso tiene que estar previsto en una ley. Hoy eso no se cumple”, sostuvo.
Indicó que el cobro se sustenta en un decreto presidencial de 1959, el cual —según explicó— quedó sin efecto tras la Constitución Nacional de 1992.
“Ese decreto ley lo sacó un dictador. Hoy las leyes las dicta el Congreso y luego el presidente las promulga. Sin reglas claras, no podemos estar pagando peajes”, enfatizó.
Ferreira señaló que, ante esta situación, exigen que se levanten todos los peajes del Paraguay hasta que se establezca un marco legal adecuado. “Esa es la única manera de hacer las cosas como corresponde y construir un Paraguay mejor”, afirmó.
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Cuestionamientos a la concesión
El manifestante también cuestionó la participación de actores políticos en la concesión de la ruta. “Un senador de la República no puede, bajo ningún caso, hacer uso de su influencia para acceder a contratos con el Estado. Esta ruta está ligada al hijo de un senador nacional y eso no corresponde”, denunció.
“Los políticos están acostumbrados a hacer lo que quieren y por eso estamos como estamos. Por eso la gente se tiene que levantar y exigir sus derechos”, añadió.
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Denuncias y reclamos sin respuesta
Por su parte, Norma Salinas, pobladora de Areguá, denunció que desde hace meses vienen realizando gestiones ante distintas instituciones sin obtener respuestas. Relató que participaron en reuniones y audiencias con autoridades del MOPC y representantes de la concesionaria, pero —según afirmó— fueron sistemáticamente ignorados.
“Presentamos incluso una ampliación de denuncia penal en octubre del año pasado y seguimos haciendo el seguimiento, pero nuestras denuncias siguen encajonadas”, sostuvo.
Salinas calificó el proyecto vial como “mal hecho desde el inicio”, al señalar que se estaría ejecutando sin licitación, sin estudios de impacto ambiental y sin un proceso de diálogo con las personas afectadas. “No estamos en contra del progreso, pero no de esta manera, con un proyecto ilegal e inconstitucional”, remarcó.
Un peaje bajo la lupa constitucional
Durante la movilización, los manifestantes repartieron volantes informativos bajo el lema “No pagues un peaje inconstitucional”, en los que exponen los fundamentos legales de su reclamo. Entre ellos, citan el artículo 179 de la Constitución Nacional, que establece que los tributos solo pueden ser creados por ley; los artículos 107 y 196, sobre incompatibilidad de cargos; y el artículo 202, que limita la posibilidad de otorgar concesiones de largo plazo sin autorización del Congreso.