Concejales municipales de la ciudad de Tavaí (departamento de Caazapá), Cristian Vargas y Elena Ruíz Díaz, ambos de Fuerza Republicana, denunciaron formalmente ante el Ministerio Público al intendente Miguel Bogado (ANR-HC) por presuntos hechos de corrupción durante su administración. Señalan un supuesto daño patrimonial de G. 4.900 millones en tres años de gestión.
Según el documento presentado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, la denuncia también alcanza a varios funcionarios municipales y a representantes de empresas proveedoras. Argumentan supuestos hechos de lesión de confianza, malversación de fondos públicos, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
De acuerdo con la abogada que representa a los denunciantes, el jefe comunal se encuentra en su segundo período al frente de la municipalidad y ya durante su primera gestión había sido denunciado por hechos similares, causa que, según afirmó, fue “encajonada” sin imputación ni avances.
En este segundo mandato, los concejales opositores serían minoría en la Junta Municipal, lo que —según afirmaron— dificulta el control institucional. Pese a ello, decidieron impulsar nuevas denuncias penales ante la gravedad de los hechos que afirman haber constatado.
El eje central de la acusación gira en torno a supuestas 72 “obras fantasma”, principalmente viales, que figuran como ejecutadas y rendidas en documentos oficiales, pero que, según dirigentes comunitarios y concejales, nunca se realizaron en la práctica.
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Los denunciantes dicen que se presentaron ante la Fiscalía General del Estado acompañados de abogados y representantes de distintas comunidades, llevando documentos, contratos, órdenes de pago y otros elementos que demostrarían que las obras no existen. Sin embargo, aseguraron que no hubo ninguna acción concreta por parte del Ministerio Público.
Ante la inacción, relatan que realizaron un segundo intento, esta vez con la presencia de unos 40 dirigentes sociales, abogados y mujeres en representación de madres solteras afectadas por la falta de caminos. Pese a promesas de derivar el caso a la Contraloría General de la República, denuncian que pasaron más de tres meses sin resultados.
La situación derivó en una movilización ciudadana que reunió a personas de distintas comunidades de Tavaí, motivada por la indignación social y el hartazgo ante la falta de respuestas institucionales, según señalaron los organizadores.
La denuncia también menciona la supuesta utilización de empresas de maletín, sin capacidad operativa ni infraestructura, que habrían facturado montos millonarios por obras inexistentes o sobrefacturadas. Asimismo, se señalan inconsistencias patrimoniales de personas que declaran ingresos mínimos pero registran facturaciones elevadas.
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Incluso se alude a presuntos vínculos personales y casos de nepotismo, donde personas sin experiencia ni capacidad técnica figurarían como proveedoras de obras complejas para la municipalidad, así como en la nómina de funcionarios.
Respuesta del intendente
En contrapartida, el intendente Miguel Bogado rechazó las acusaciones y apuntó que la manifestación registrada recientemente tuvo un tinte político. Aseguró que no existen obras fantasma en su administración y que todas las obras se realizaron conforme a los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República (CGR).
El jefe comunal indicó que los problemas viales responden principalmente a factores climáticos, como las intensas lluvias, y a las características del suelo de la zona. Además, señaló que su gestión cuenta con respaldo ciudadano y que la municipalidad administra más de 600 kilómetros de caminos rurales en 57 compañías.
Dijo que la edil firmante de la denuncia, Elena Ruíz Díaz, sería aspirante al cargo de intendenta con la chapa del movimiento Fuerza Republicana y que esta pretensión motivaría las denuncias y protestas con “personas manipuladas”.
Finalmente, Bogado señaló que está dispuesto a mostrar documentos y obras ejecutadas, reiterando que no existe sobrefacturación ni irregularidades, y que confía en que las denuncias serán aclaradas en las instancias correspondientes.