El último comisionamiento de Diego Fernández, abogado de profesión, fue autorizado mediante la Resolución Senad Nº 776/2024, bajo la Ley 1626 de la Función Pública, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025. Desde el 1 de enero de 2026, el funcionario carece de autorización legal para ejercer funciones en la municipalidad, lo que pone en duda la legitimidad de cualquier acto administrativo realizado en ese contexto.
El funcionario está asignado a tareas administrativas en la Municipalidad, a cargo del cuestionado intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR-HC), de acuerdo con el documento de la Senad, cuyo titular es Jalil Rachid.
En esta temporada veraniega, iniciada en enero, Fernández funge como fiscalizador de la Municipalidad en locales nocturnos, según el comunicado de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino.
La denuncia afirma que la figura del comisionamiento fue derogada por la Ley 7445/2025, que regula la función pública y el servicio civil. Atendiendo la normativa, desde enero de 2026 rigen requisitos más estrictos para traslados temporales de funcionarios, incluyendo la indisponibilidad de personal calificado en la municipalidad.
Según el gremio, en San Bernardino y el departamento de Cordillera existen suficientes profesionales, como abogados de alta competencia, para cubrir cargos como el de asesor jurídico sin recurrir a funcionarios externos ya presupuestados.
Por lo tanto, hasta que Fernández obtenga nuevas autorizaciones conforme a la Ley 7445/2025 y sus reglamentos, los actos administrativos que él haya firmado podrían carecer de validez jurídica, advirtieron desde la Cámara de Comercio y Turismo.
Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión municipal y en la supervisión de comisionamientos de funcionarios públicos.
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Tratamos de hablar con Diego Fernández, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos a que desee referirse a la denuncia.
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