La instalación de una planta de tratamiento de efluentes cloacales en pleno barrio Aeropuerto encendió la indignación de los pobladores, que se movilizaron contra lo que consideran una imposición inconsulta dentro del proyecto de la Fase B de la defensa costera de Pilar.
La obra, licitada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ejecutada por el Consorcio Sanitario Ñeembucú, fue cuestionada por la falta de información clara a la comunidad.
Los vecinos aseguran que jamás fueron convocados a reuniones informativas ni se les presentó el diseño final del proyecto, que —según denunciaron— habría sufrido modificaciones.
Durante la protesta, exigieron a los concejales municipales, representantes del MOPC y del Consorcio que exhiban el plano definitivo de la obra y la resolución de impacto ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
“No queremos el olor a ‘kaka’ en medio nuestro. Que se lleve la planta a cinco kilómetros de aquí”, expresaron con firmeza.
También pidieron la intervención del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, apelando a una decisión política que revierta la ubicación del emprendimiento.
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Promesas técnicas y desconfianza ciudadana
El fiscalizador de la obra, ingeniero Hugo Ruiz, aseguró que la planta no generará olores y sostuvo que existen antecedentes exitosos en Asunción.
Incluso invitó a los vecinos a visitar la planta de tratamiento ubicada en el bañado capitalino, donde —según afirmó— viven más de cien familias en las inmediaciones sin inconvenientes.
Sin embargo, las explicaciones técnicas no lograron disipar la desconfianza. El concejal municipal Ramón Ferreira (PLRA) volvió a cuestionar que hasta el momento no se haya presentado oficialmente el diseño definitivo del proyecto. “Siempre pedimos y nunca acercaron”, reclamó.
Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR), admitió que los doce concejales aprobaron la construcción de la planta en el terreno adquirido por el MOPC a la familia Alonso. “No voy a negar lo que hicimos”, señaló, reconociendo la decisión institucional.
Las declaraciones generaron mayor malestar. La vecina Karen Quintana increpó a los ediles: “A nuestras espaldas hicieron eso, sin informarnos. No fueron capaces de decirnos que acá se iba a construir la planta”.
En la misma línea, Lourdes Arce cuestionó la falta de estudios ambientales visibles y la ausencia de reuniones informativas previas, señalando que esos pasos debieron cumplirse antes de cualquier aprobación legislativa.
Obra suspendida, conflicto abierto
Ante la presión social y el creciente clima de tensión, el Consorcio Sanitario Ñeembucú resolvió detener temporalmente los trabajos hasta tanto se establezca un canal de diálogo y se destrabe el conflicto.
Para los vecinos, la paralización representa apenas un primer paso. Exigen la reubicación definitiva de la planta fuera del área habitada, mayor transparencia en la gestión del proyecto y el acceso público a todos los documentos técnicos y ambientales.
La Fase B de la defensa costera, presentada como una obra estratégica para la ciudad, hoy enfrenta un fuerte cuestionamiento ciudadano que pone en evidencia la fractura entre las decisiones gubernamentales y la participación comunitaria.