Docentes cuestionan reforma de la Caja Fiscal y advierten que la ley es “legal, pero no justa”

Docentes cierran la ruta PY01, en la altura del cruce Santa María, en Misiones, en protesta por la reforma de la Caja Fiscal.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Docentes afirmaron que la reforma de la Caja Fiscal, aprobada en el Congreso Nacional, es legal en su origen, pero consideran que no es justa porque afecta principalmente a los trabajadores de la educación. No contempla un análisis integral del sistema previsional, aseguraron.

De acuerdo con el sector docente, la discusión legislativa se centró en los números de ingreso y egreso de la Caja Fiscal, sin evaluar el contexto general ni las causas del déficit. Señala que el problema no necesariamente responde a los aportes de los docentes, sino también a la administración de los recursos, que está a cargo del Estado.

En ese contexto, uno de los sindicalistas del sector docente en Misiones, Roberto Ayala, explicó que uno de los cambios más cuestionados es el aumento del aporte del docente, que pasaría del 16% al 19% del salario, lo que representaría una reducción aproximada de G. 250.000 mensuales en los ingresos del trabajador.

“Otro de los puntos discutidos es el porcentaje de sustitución. La propuesta original reducía ese porcentaje al 70% con 25 años de servicio. Sin embargo, durante el tratamiento en el Senado se introdujo una modificación que elevó la tasa al 78% para quienes cumplan 25 años de aportes, lo que fue considerado una mejora respecto al texto aprobado en Diputados”, dijo Ayala.

Otro aspecto relevante es la edad mínima para acceder a la jubilación. La propuesta aprobada inicialmente en Diputados fijaba el retiro a partir de los 57 años, pero el Senado modificó este punto y estableció que los docentes podrán jubilarse desde los 53 años.

El docente sostuvo que, si bien las modificaciones introducidas en el Senado representan un avance respecto al proyecto original, la reforma sigue siendo considerada injusta porque, a su criterio, traslada el peso del déficit del sistema a los trabajadores.

El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, que podrá ratificar su versión original o aceptar los cambios introducidos por el Senado. Posteriormente, la iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de promulgarla o vetarla.

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