La imputación presentada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra del exintendente esteño Miguel Prieto y otros diez supuestos cómplices, fue admitida por el juez Humberto Otazú, encargado del Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital.
La imputación había sido formulada contra el exintendente esteño como supuesto autor del hecho punible de lesión de confianza, junto a otras diez personas y entre ellas se encuentra el diputado Walter García.
Por el último citado fue remitido el Oficio Nº 78 a la Cámara de Diputados, mediante el cual se informa lo resuelto por proveído en la fecha, así como la solicitud de desafuero del legislador.
Según la Fiscalía, en los antecedentes de la causa se atribuye a Miguel Prieto Vallejos, mientras era titular de la comuna esteña entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, que habría ocasionado un perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276.
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Diferencias entre pagos y ejecuciones
Nuevamente, según datos del Ministerio Público, el mencionado monto sería resultado de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M CONSTRUCTORA, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Para los investigadores, esa última empresa sería de fachada, vinculada a una contadora y exfuncionaria municipal, presuntamente relacionada con un operador político.
Asimismo, citan que Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, de las cuales una parte importante habría sido utilizada para inversión física y edilicia en obras realizadas dentro del mencionado hospital y las mismas habrían sido emitidas por el intendente supuestamente sin designar un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que garantizaran y certificaran la efectiva ejecución de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los trámites y mecanismos previstos.
Dentro de ese periodo, la concesión de aportes también habría sido solicitada por los miembros del Consejo Local de Salud, órgano reconocido como entidad sin fines de lucro y que según la Fiscalía, está integrado por el actual diputado y otros dos coimputados, por medio de notas presentadas ante la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La Municipalidad de Ciudad del Este y el Consejo Local de Salud, como entidad beneficiaria, debieron regirse por los procedimientos y mecanismos de control, los cuales son más rigurosos cuando se trata de inversiones físicas”, sostiene el Ministerio Público.
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Medidas alternativas
Finalmente, el equipo de fiscales especializados solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.
Asimismo, se solicitó el desafuero del diputado Walter García, ya que este cuenta con inmunidades al ser un legislador.
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