Se trata de la profesional Ariana Rodas, quien fue designada como firmante autorizada, hace más de una década por la Dirección del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, para cumplir funciones en la oficina del distrito de Puerto Antequera.
La abogada cumple horario en una oficina ubicada en la galería de la Municipalidad local, donde atiende a los ciudadanos y expide documentos como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, servicios esenciales para la población.
La ciudad de Puerto Antequera se encuentra a orillas del río Paraguay, a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, capital del segundo departamento.
Trabajo sin remuneración
A pesar de desempeñar funciones administrativas de forma permanente, Rodas no cuenta con contrato ni percibe salario alguno. Incluso debe costear con ayuda de su familia la compra de estampillas y otros insumos necesarios para la expedición de documentos.
La situación genera mayor malestar en la comunidad, ya que —según denuncias— otras personas habrían sido contratadas con rubros en la institución gracias a respaldos políticos, mientras la joven profesional continúa sin formalización laboral.
El caso también refleja la precariedad institucional del servicio en el departamento. Actualmente ni siquiera la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, cuenta con un oficial permanente del Registro Civil, y la atención es cubierta por un funcionario proveniente de Nueva Germania, ubicada a unos 50 kilómetros, quien además coopera con la oficina de Puerto Antequera.
La encargada regional del servicio, Ida Barrios, reconoció la precariedad del funcionamiento institucional y afirmó que se remitieron notas al nivel central solicitando soluciones, aunque indicó que las decisiones dependen de las autoridades nacionales.
Por su parte, la funcionaria Liz Leguizamón informó que el nuevo director del Registro Civil, Maximiliano Ayala, prometió otorgar un rubro a Rodas y realizar un seguimiento a la situación de los funcionarios para verificar si todos cumplen funciones en las distintas dependencias.
Según indicó, también se revisará si existen casos de personas que perciben salarios sin cumplir labores, a fin de tomar las medidas correspondientes.
Promesas que se repiten
A lo largo de estos once años, la profesional recibió reiteradas promesas de regularización laboral y la posibilidad de concursar por el cargo, pero hasta ahora ninguna se concretó.
Pese a la situación, la abogada asegura que está dispuesta a participar de un concurso para acceder formalmente al puesto y continúa desempeñando su trabajo con responsabilidad en beneficio de la comunidad.