En el segundo día de la audiencia preliminar por el caso de la mafia de los pagarés en el Juzgado de Paz de La Catedral, Primer Turno, la suspendida jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro declaró durante dos horas ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, un procedimiento legal, pero no tan común.
Durante su declaración, responsabilizó a los ujieres notificadores y oficiales de Justicia, también acusados en la causa, de no notificar a los deudores que tenían juicios ejecutivos en el juzgado a su cargo y remarcó que ni ella, ni sus ujieres, ni los abogados representantes de las empresas de cobranza tuvieron intención de perjudicar a la gente a través de los juicios ejecutivos.
Ante esto, la fiscala Belinda Bobadilla, quien lleva la causa en contra de la magistrada y los otros acusados, dijo que estas declaraciones de Cibils podrían formar parte de la estrategia de la defensa; sin embargo, dijo que eso se debe debatir en el juicio oral y público.
“Está en todo su derecho a decir lo que ella considere mejor para su defensa y, por supuesto, ella es abogada, pero está siendo asesorada por abogados penalistas. Entonces, estimamos que esto es como parte de la estrategia defensiva a la cual tiene derecho. Nosotros planteamos nuestra acusación, nuestra teoría del caso. Ellos están diciendo básicamente acá que toda la responsabilidad es de los ujieres notificadores”, indicó en entrevista con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal, 730 AM.
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Fiscala espera que no se dilate el proceso
Mañana continúa la audiencia preliminar, ya en la etapa en la que la defensa debe plantear los incidentes, lo cual podría llevar toda la mañana y seguidamente los otros días se estarían dando las audiencias de las defensas de los otros acusados en la investigación.
Bobadilla dijo que la parte acusada hoy demostró con las acciones que planteó la jueza defendida en esta audiencia el deseo de ir a juicio oral y público, ya que Cibils se declara inocente, y si bien tiene una versión de los hechos, esta debe debatirse en juicio oral y público, por lo que espera que eso no se esté dilatando y alargando con recursos.
“En este caso en particular, además de las pruebas documentales, hay testimonios del caso de la magistrada Cibils, hay testimonios de subordinados, de abogados que confirman la operativa. Nos dieron elementos a nosotros que nos permitieron entender el funcionamiento y qué es lo que ella hacía y qué es lo que ella no hacía”, expresó.
Detalló que al analizar los expedientes de los juicios de ejecución con los que los juzgados embargaban los salarios de los trabajadores con pagarés de deudas ya saldadas, encontraron similitudes en algunas cuestiones llamativas, así como también muchas diferencias en el trámite que se les daba a expedientes correspondientes a abogados representantes de empresas, en comparación a otros.
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“Los tiempos que se daban también, algunos eran sumamente rápidos y señala mucho que su juzgado no tenía mora, solamente que estamos hablando de un juzgado que dictaba 50.000 resoluciones al año. Entonces, ¿cómo hace para funcionar un juzgado así y estar dictando este tipo de resoluciones? Ella dio explicaciones hoy, ella tiene una posición en cuanto a eso. Nosotros, ante la misma circunstancia que ella plantea, tenemos otra visión de eso y estaríamos argumentando eventualmente en un juicio oral y público”, contó.
Colaboración de procesados
Agregó que muchas veces se dan tratos diferentes a los procesados, de acuerdo a cómo colaboren con la causa, ya que no se puede tener el mismo trato con quienes plantean obstáculos en los procesos y lo ejemplificó con salidas alternativas para tres procesados por considerar que el nivel de aporte de pruebas que los mismos brindaron a la causa dieron un aditivo al motivo final del esquema que investigan, el cual sostienen que se dio a raíz de una cuestión económica.
Detalló que uno de los ujieres que declaró contó que se realizaban reuniones entre los jueces de los juzgados de Paz en las que se hablaba de los tarifarios de los juzgados por los expedientes, como también lograron extraer de uno de los teléfonos de los ujieres conversaciones en los que hablaban de los mismos temas.
“Hay intercambios de mensajes de texto con la jueza en donde la misma le señala que le estaba peticionando el tarifario de una empresa de cobranza en específico, cuando él le envía le dice, ‘no, no es eso. De un juzgado. ¿Cuál es el tarifario que usa tal juzgado?’, y le pasa y le dice, ‘no, ese es el de la empresa, no es del juzgado’”, precisó.
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Aclaró que no se podría confundir con los tarifarios que se establecen por las notificaciones de los ujieres, ya que los mismos están establecidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la distancia que se debe recorrer. El precio por cada uno de estos expedientes, por lo que simulaban notificarse, estarían entre G. 750.000 y G. 850.000, según dijo la fiscala y se cobraban por paquetes.
Otra irregularidad con respecto a las notificaciones utilizadas en el esquema de la mafia de los pagarés es el tiempo en el que se realizaron, ya que varias se realizaban supuestamente el mismo día por los mismos ujieres, lo cual sería físicamente imposible, considerando las distancias que deberían de haber recorrido.