La suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, dio su versión sobre el conocido caso de la “mafia de los pagarés”, un esquema que, según la Fiscalía, operaba en los juzgados para perjudicar a deudores.
La magistrada negó tener conocimiento de cualquier irregularidad y sostuvo que la teoría del Ministerio Público es una interpretación “parcial” que no se ajusta a lo que realmente sucede en los tribunales civiles.
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Cibils, quien forma parte del grupo de cinco jueces suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aclaró lo que ella considera una confusión generalizada: el famoso “doble cobro”.
Según la jueza, no se ha comprobado un solo pagaré que haya sido ejecutado dos veces en Asunción. Explicó que lo que muchas veces se interpreta como un cobro doble es, en realidad, el descuento del capital y, posteriormente, una liquidación de intereses y gastos por mora.
“Son dos conceptos diferentes, no es que se cobre el mismo pagaré dos veces”, sentenció.
Arremetió contra el papel de los ujieres
Para la magistrada, si existieron irregularidades en los procesos, la responsabilidad recae directamente sobre los ujieres notificadores. Señaló que, según la ley, ellos son los encargados de ir hasta la casa o el trabajo del deudor para entregar la cédula de notificación, y su firma tiene carácter de fe pública, similar a la de un escribano.
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“El juez, el abogado y los actuarios hacemos una revisión de la forma del documento. Si la notificación tiene fecha, firma y sello del ujier, nosotros la damos por válida”, explicó Cibils.
Agregó que, hasta que saltó la investigación penal, no tenían denuncias que les hicieran sospechar que los ujieres no estaban cumpliendo con su trabajo.
En ese sentido, criticó que se pretenda anular juicios civiles mediante la vía penal, cuando la ley establece mecanismos específicos dentro del mismo proceso civil para impugnar la falta de notificación.
Critica a la Fiscalía por “salidas procesales”
Cibils cuestionó que la Fiscalía esté solicitando “salidas procesales”, acuerdos para evitar el juicio, justamente para los ujieres, quienes en audiencia preliminar confesaron ser los autores materiales de las falsificaciones de notificaciones.
“Es muy llamativo que a los autores confesos se les ofrezca salir del proceso sin culpa ni pena, mientras a los jueces y abogados nos mantienen bajo acusación”, señaló.
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Para la magistrada, esto “contamina” la causa, ya que estos funcionarios estarían declarando en contra de los jueces solo para salvarse ellos mismos. Según la jueza, no existe el delito de prevaricato, porque no hubo dolo ni intención de torcer el derecho, basándose siempre en documentos que, a simple vista, eran legales.
Jueza pide juicio oral para todos los acusados
Finalmente, la jueza suspendida pidió que todos los implicados, incluidos los ujieres que confesaron, vayan a un juicio oral y público sin beneficios ni acuerdos previos.
Sostuvo que no tiene miedo de demostrar su inocencia y que la Constitución Nacional no permite que un coacusado tenga salidas procesales tras haber admitido el hecho.