Un Tribunal de Sentencia fijó para el 25 de noviembre el inicio del juicio oral y público al exjuez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez. Él magistrado fue acusado por la fiscala Natalia Cacavelos por prevaricato, pues había dado inicio a una acción civil en base a un recibo de dinero, documento que carece de fuerza ejecutoria.
Abogados del expresidente de la República Mario Abdo y de miembros de su gabinete denunciaron por prevaricato y persecución de inocentes a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Los dos tenían en principio un caso en el que investigaban al Ejecutivo anterior, hasta que salieron a la luz pública los chats filtrados de supuestas conversaciones entre Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, orquestando la imputación contra Marito y sus exfuncionarios por supuesta “revelación de secretos”.
El juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez rechazó una denuncia por presunto prevaricato, planteada por el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta en contra de la jueza Rosarito Montanía de Bassani. El auxiliar de justicia cuestionó que la magistrada haya autorizado la escucha telefónica entre él y su cliente Juan José Dubini Franco, detenido con dueño de los 3.418 kilos de cocaína, en el marco del caso denominado Cali.
El abogado Raúl Breuer ratificó en la Fiscalía su denuncia penal por varios hechos punibles contra el exministro de la Corte Suprema Antonio Fretes, su hijo y otras dos personas, y pidió que el exmagistrado sea imputado porque el fiscal de la causa ya tiene todos los elementos, según aseguró.
El abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta denunció ante la Fiscalía General por supuesto prevaricato a la jueza penal Rosarito Montanía de Bassani, por haber autorizado la interceptación de llamadas del profesional del derecho que actuaba en el ejercicio de la defensa de un procesado. Esta situación le hizo incurrir a la jueza en “pyraguereato”, según la denuncia.
El juez de Garantías Yoan Paul López hizo lugar al pedido de la fiscala Natalia Fúster y otorgó el sobreseimiento provisional a la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, en el proceso que afronta por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la zona de seguridad fronteriza en la Región Occidental. Ahora la fiscalía tiene un año para pedir la reapertura del caso.