3 de abril de 2026

La jueza Carmen Analía Cibils asegura que no existió el “doble cobro” y acusa a la Fiscalía de beneficiar a los funcionarios que confesaron no haber hecho las debidas notificaciones en el caso “Mafía de los pagarés”. Desafía a la Justicia a ir a un juicio oral sin “salidas procesales” para los implicados.

TEBICUARYMÍ, Departamento de Paraguarí. Un oferente denunció que desde la décima Circunscripción Judicial de Paraguarí, se habría direccionado la adjudicación a la empresa constructora que presentó la oferta más elevada para la construcción de la sede del Juzgado de Paz de este municipio. Autoridades judiciales aseguran que el llamado fue transparente.

La Fiscalía pide juicio para la abogada Zully Ortiz y Mirtha Metel, representantes de la firma “Vanessa y Asociacidos SA”. Una mujer firmó dos pagarés en 2013 con la sociedad, y liquidó su deuda en 2015. Pese a eso, la auxiliar de justicia, con poder otorgado por la asociada, impulsó dos juicios con pedidos de embargos de dinero, usando los pagarés originales y contra la misma persona.

Un abogado representante de una casa de cobranzas tramitó 83 expedientes en el Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, a cargo de Gustavo Enmanuel Villalba Báez. Lo llamativo del caso es que 50 causas correspondían a otra jueza, que fue sistemáticamente recusada para que sus juicios quedaran a cargo del juez “amigo”, quien junto a otras cinco personas fueron acusadas en el caso “mafia de los pagarés.

El funcionamiento de la “mafia de los pagarés”, revelado en las acusaciones del Ministerio Público, evidencia la grosera simulación de notificaciones de los ujieres de los Juzgados de Paz. Estos informaban falsamente haber notificado a los deudores para que se presenten a reconocer sus firmas, ya que la única forma de estar en pocos minutos en lugares tan alejados unos de otros, es siendo omnipresente.

En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.