El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar, de oficio, a dos juezas de Paz presuntamente involucradas en la “mafia de los pagarés”. La decisión se dio a propuesta del ministro Manuel Ramírez Candia y fue por unanimidad. Además, el colegiado pide a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de las magistradas, sin goce de sueldo.
Ayer tuvieron sanción automática en Diputados dos proyectos de ley que se refieren a tasas en instituciones estatales, siendo el más llamativo el plan que pasa al Ejecutivo y que establece la gratuidad del trámite de “declaración de pobreza (insolvencia)”, eliminando la obligación de hacer la gestión mediante un abogado y las tasas respectivas.
LUQUE. La defensa del exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), representada por el abogado Mario Elizeche, solicitó revisión de medidas y solicitó libertad ambulatoria para su cliente. Sin embargo, la jueza a cargo negó el pedido y el imputado por denuncia falsa seguirá con arresto domiciliario. La fiscal de la causa es Sandra Ledesma, quien al igual que la querella, se opusieron al pedido de revocación de la medida que pesa sobre RGD.
LUQUE. La fiscala de Luque, Sophia Galeano, imputó a cinco mujeres por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Las mismas formarían parte de una red de falsificadores que se dedicarían a la apropiación ilegal de inmuebles de grandes dimensiones para luego comercializarlas.
CAPIATÁ. Esta madrugada una comitiva fiscal policial encabezada por el agente Silvio Alegre, allanó el domicilio de una actuaria que se desempeñaba en el Juzgado de Paz de la Catedral, dependencia judicial donde una supuesta red de falsificadores inventó un juicio para apropiarse de un inmueble de casi cinco hectáreas. En el lugar no se encontró elementos vinculados a la causa que investiga la Fiscalía Zonal de Luque.
LUQUE. El oficial de Justicia Jorge Alberto Thompson Zarza fue imputado por producción y uso de documentos no auténticos y declaración falsa. El oficial de justicia utilizó un mandamiento supuestamente apócrifo para despojar a la familia Sopeña de su propiedad el pasado 1 de diciembre. El documento es producto de un juicio ficticio que benefició a una mujer llamada Ema Nilza Turo Martínez. Sin embargo, el expediente “no existe” en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción.