A raíz de la denuncia de supuesto desacato en la que incurrió Ezequiel Cáceres López, el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Golburú Martínez, dispuso medidas de protección urgentes a favor de la intendenta.
Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento, acceso y comunicación del denunciado hacia la jefa comunal, estableciendo un radio de restricción de 500 metros. Además, ordenó eliminar todo tipo de insultos que el denunciado habría publicado en sus redes sociales.
Según Cáceres López, él se había trasladado a la Gobernación de Paraguarí para acompañar a un grupo de pobladores que realizaban gestiones en dicha institución. Coincidió que el presidente de la República, Santiago Peña, tenía prevista su visita y que la intendenta apareció en el lugar, hecho que se utilizó para presentar la denuncia de desacato “en mi contra”.
“Realmente le molestó a la intendenta porque soy quien denuncia hechos de corrupción que permanecen en la fiscalía, y es llamativo que el fiscal Óscar Fernández Agüero actúe con celeridad por un supuesto desacato”, sostuvo.
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Juez denunció desacato
Según los antecedentes, el Juzgado de Paz, a cargo de Goiburú, denunció el presunto incumplimiento de la resolución A.I. N.º 299/2025, dictada el 2 de diciembre de 2025.
En ese contexto, el fiscal Fernández Agüero, de la Unidad Penal Nº 1 de Ybycuí, emitió una cédula de citación convocando a Cáceres López a prestar declaración indagatoria. La causa fue caratulada como: “Ministerio Público contra Ezequiel Cáceres López sobre Desacato de Orden Judicial”, Causa Nº 974/2025.
Impugnación y cuestionamiento a fiscal
El denunciante afirmó que hasta el momento no ha sido imputado por la causa de desacato y que resulta injusto que, por denunciar supuestos hechos de corrupción en la Municipalidad de Ybycuí, se utilice la ley de desacato para desviar la atención del Ministerio Público.
Ante esta situación, señaló que presentó la recusación del fiscal Fernández, pero su pedido fue rechazado. Por ello, solicitó nuevamente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, la revisión de la resolución que desestimó la recusación del fiscal interviniente.
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Cáceres López solicita que la Fiscalía General del Estado disponga el apartamiento del agente fiscal de la causa y la designación de un nuevo representante del Ministerio Público que garantice imparcialidad en la investigación.
El caso continúa en trámite y se encuentra a la espera de definiciones por parte de las instancias superiores del Ministerio Público.