El emblemático mirador de Itá Pytã Punta, patrimonio natural y paisajístico de Asunción, agoniza hoy por la desidia de la Municipalidad, herencia de la desastrosa administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).
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Durante su gestión, Rodríguez dispuso de G. 6.000 millones de los bonos G7 para su revitalización. Sin embargo, las obras prometidas y las cuentas bancarias donde debería guardarse la plata, ya no existen.
El actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantiene la misma inacción que su antecesor. Mientras tanto, el peñasco continúa su degradación acelerada por la falta de inversión.
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Las últimas lluvias caídas sobre la capital del país, esta semana, generaron serios destrozos en el lugar. Una porción importante de la baranda de seguridad colapsó, dejando el precipicio totalmente expuesto al peligro.
ABC visitó este jueves el sitio y constató el estado crítico de la mayor parte de la infraestructura con importantes grietas entre el suelo y la baranda y las escaleras, que ya no ofrecen ninguna seguridad. El riesgo de accidentes fatales aumenta con cada fenómeno meteorológico que azota Asunción.
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Nenecho había prometido la revitalización del histórico mirador con parte de los bonos G7 (2021), emitidos por un total de G. 200.000 millones. Pese a no haberse ejecutado la obra, las cuentas bancarias donde debía guardarse el dinero proveniente de esa emisión ni siquiera aparecen en los balances de la Municipalidad.
Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que eran para obras, a salarios.
Mirador de Itá Pytã Punta: autogestión vecinal
Los vecinos del barrio manifiestan una profunda frustración por el abandono institucional que sufre este tesoro natural. Denuncian que la municipalidad “no aparece nunca” por la zona para realizar tareas básicas. Ni siquiera tras las fuertes tormentas se acercan funcionarios para limpiar los restos de basura.
Ante la ausencia de cuadrillas municipales, los pobladores viven colaborando para realizar reparaciones por cuenta propia. Los residentes cuentan que vienen ejecutando “remiendos” y limpiezas para evitar que el desastre sea aún mayor. Ellos mismos se encargan de hermosear la zona con pintura y arreglos en los pisos.
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Reclaman que la última intervención municipal fue la colocación del vallado del sitio, hace más de un año y medio. Este trabajo, además de resultar totalmente ineficiente. Lejos de solucionar el problema de fondo, estas vallas generaron una gran incomodidad vecinal. Los residentes afirman que el barrio se convirtió en un “horno” debido al encierro metálico.
El contacto con los funcionarios municipales es casi inexistente, según reclaman los pobladores del lugar. Aseguran que la municipalidad solo envía personal de forma esporádica, apenas “una vez al año”. Estos trabajadores no se interiorizan sobre las necesidades reales ni el peligro que corren, agregan.
Instan a Bello a tomar medidas
En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, ayer, miércoles, el concejal Javier Pintos (ANR-independiente) calificó la situación del mirador como una emergencia que requiere acción inmediata y resolutiva. Advirtió sobre una degradación sostenida y un peligro constante de derrumbe de las viviendas situadas en la vera del lugar.
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Destacó que el sitio es un patrimonio paisajístico de Asunción y que cualquier solución debe respetar las recomendaciones de la Secretaría Nacional de Cultura para preservar su estado natural.
Señaló que ya existe un anteproyecto trabajado en conjunto con el MOPC y la SNC, con la asistencia de consultores externos, e instó a la Intendencia Municipal a iniciar las obras de carácter urgente para evitar que el espacio se siga perdiendo.
¿Qué pasó con la emergencia?
En octubre de 2024, hace un año y medio, la gestión del entonces intendente Rodríguez había informado a la Junta Municipal del riesgo de derrumbe inminente del peñasco. La Intendencia había solicitado entonces la declaración de emergencia y ordenado el desalojo de 22 familias que tenían sus viviendas en la zona.
La propuesta de desalojo provocó el profundo rechazo de los pobladores, quienes cuestionaron a Rodríguez por el destino de los fondos de los bonos para la reparación del mirador.
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Finalmente, por presión vecinal, en enero de 2025, la comuna confirmó la anulación de la resolución por la que ordenaba el desalojo de los pobladores. Tras la controversia, la Junta Municipal había dispuesto la conformación de una mesa de trabajo para hacer seguimiento del caso.