El Ministerio Público, inicialmente, intentó desentenderse de La Red Desinformante, el presunto esquema que habría triangulado dinero público para financiar “campañas sucias” y hostigamiento digital a medios, trabajadores de la prensa y disidentes políticos.
Documentos de la causa, que hoy integra dos expedientes distintos –uno de legisladores y otro del comunicador Hugo Portillo–, revelan la inacción deliberada, planeada inicialmente desde la Unidad Especializada de Delitos Informáticos (UDEA), por medio de la fiscala Soledad Machuca y el director, Raúl González Valdez.
Operación congelamiento
El 18 de mayo pasado, González Valdez, director de la UDEA, emitió el Dictamen Nº 62/2026. en donde minimizó las pruebas extraídas de los registros de transparencia de Meta y Google, calificando el sustrato de las denuncias como “eminentemente hipotético y conjetural” y concluyendo que no existía mérito para iniciar una investigación.
El 20 de mayo, basándose en este dictamen, la entonces fiscala adjunta Machuca, elevó el caso al despacho de Rolón. Machuca no solo avaló la postura de paralizar la pesquisa, sino que buscó ocultar activamente esta operativa interna. En su escrito, ordenó de forma expresa que el Dictamen Nº 62/2026, “por ser de uso interno, no corresponde agregarlos a la carpeta de investigación fiscal”, evidenciando un ocultamiento deliberado de información.
Tal como se esperaba, el 29 de mayo, Rolón firmó el envío a la CGR, evitando asumir su rol constitucional y frenando el caso.
Ayer, tras los cuestionamientos de la defensa de Portillo, a cargo de los abogados Ezequiel Santagada y Cecilia Pérez, Rolón terminó nombrando un equipo fiscal para investigar la causa.
Los agentes Marlene González, Laura Giacumo y Ruth Benítez deberán determinar los delitos penales cometidos y comprobar si, efectivamente, están vinculados directamente al Gobierno.
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