Las sobras para el pueblo. Eso es lo que dejó la Procuraduría General de la República (PGR) en las arcas públicas tras consumar un acuerdo extrajudicial con la Aseguradora Tajy, presidida por Gustavo Samaniego. La PGR, hoy bajo el interinato de Rubén Elidio Gaona Gaona –pieza colocada por el exprocurador y actual miembro del BCP, Marco Aurelio González Maldonado–, decidió perdonar una multimillonaria deuda estatal a cambio de asegurar los honorarios de sus propios abogados.
La historia de esta grosera maniobra es clara: Tajy era la garante de dos contratos públicos incumplidos por las firmas Neighpart SA (Sandra Yanil Caballero Ojeda) e Icap Consultores e Ingenieros SA (Manuel Brítez).
Según la demanda inicial, firmada por el propio Gaona y los procuradores delegados Ever Hugo Almeida, Facundo Filártiga Franco y Alejandro Nicolás Koopmann Riego, el Estado exigía originalmente más de G. 4.504 millones. El millonario perjuicio que debió ser resarcido se dividía en dos frentes: G. 200 millones del Hospital Nacional (Ministerio de Salud) y G. 4.304 millones del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).
Justicia a medida
El proceso avanzó con fuerza. La Justicia hizo lugar a las medidas cautelares y, el 29 de diciembre de 2025, decretó un embargo contra los bienes de la Aseguradora Tajy por los G. 4.304 millones del caso Senasa.
Con el embargo ya emitido, la Aseguradora Tajy activó un salvavidas que la PGR aceptó sin pestañear. La empresa ofertó una propuesta para el Estado de pagar apenas G. 959.688.000 para cerrar ambos procesos de golpe. Una suma muy reducida en comparación con el reclamo inicial; sin embargo, fue un negocio redondo para los funcionarios que intervinieron en el caso.
De ese monto drásticamente recortado, el procurador delegado Facundo Filártiga se embolsó de inmediato G. 239.688.000 en concepto de honorarios profesionales. Para el Estado paraguayo solo quedaron las sobras, G. 720 millones.
La tajada que el abogado de la PGR desvió a su cuenta personal representa el escandaloso 33% de lo que realmente ingresó a las arcas públicas.
Un clan con el mismo libreto
El esquema de la PGR es un calco exacto de las maniobras descubiertas en el IPS durante la gestión jurídica de José “José’i” González. Coincidentemente, “José’i” es hermano del exprocurador y actual miembro del BCP, Marco Aurelio González. El exjefe jurídico de la previsional, hoy bajo la lupa de la Fiscalía por sospechas de corrupción, implementaba el mismo modus operandi al cerrar acuerdos extrajudiciales exprés con millonarias quitas para los deudores, pero siempre asegurando primero sus honorarios profesionales. El caso más escandaloso fue el del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, que logró un descuento tras asegurar el pago de G. 412 millones directo al bolsillo de González.