En el marco del enjuiciamiento por mal desempeño de funciones y también por posible comisión de hechos punibles a la jueza de paz de la Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, iniciado por el caso de la mafia de los pagarés, el fiscal acusador Celso Ayala presentó este jueves sus alegatos finales y, como sanción, la remoción de la magistrada ante los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Por su parte, la enjuiciada Analía Cibils se dirigió al JEM y señaló en una parte de su alegato “que si los ujieres podrían ser enjuiciados por el Jurado, ellos serían los que estarían aquí”, y nuevamente deslindó de esta forma su responsabilidad en los actos irregulares que se detectaron en su juzgado. En tal sentido, pidió su absolución.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la presidenta del órgano extrapoder Alicia Pucheta llamó a autos para sentencia y, también que se resolvió la suspensión de los plazos hasta tanto se ponga fin al proceso penal en contra de Cibils, esto en cuanto a la causa por la presunta comisión de hecho punible (prevaricato).
Al momento de la audiencia estuvieron en forma presencial, además de Pucheta, el ministro de la Corte y vicepresidente 1°Manuel Ramírez Candia, el consejero Enrique Berni, el senador Mario Varela, mientras que por medios telemáticos, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° César Garay, el senador Derlis Maidana y los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia.
Lea más: Mafia de los pagarés: JEM enjuicia de oficio y despoja de fueros a juez de Paz
Cabe señalar que el ministro Manuel Ramírez Candia se había excusado de intervenir en la causa contra Cibils, por lo que en su reemplazo intervino el ministro Alberto Martínez Simón, actual titular de la Corte Suprema de Justicia.
Fiscal apunta a falta de control en juzgado de paz de Cibils
El fiscal acusador Celso Ayala señaló durante sus alegatos finales, detectados y que a su criterio constituyen “pruebas contundentes, prueban el mal desempeño en funciones” de la jueza Analía Cibils, como haber dictado resoluciones con una firma, pero sin sello; haber dictado providencias sin fecha y sin el sello respectivo, para iniciar juicios.
Ayala refirió que “los plazos recursivos nunca empezaron a correr para los demandados, pero sí se aceleraron para los demandantes”, en alusión directa a que las víctimas no tuvieron conocimiento del proceso en su contra sino hasta cuando empezaban los descuentos millonarios de sus salarios.
Lea más: Ministro de la Corte pedirá informe sobre funcionarios comisionados con altos salarios
Resaltó Ayala que los jueces tienen el deber, por ley, de dirigir el proceso y mantener la igualdad de las partes. “Esta dirección en todos los casos implican tres cuestiones: el control de las causas, el control de los funcionarios y el control del cumplimiento de sus mandatos”.
Luego agregó sobre ese punto, “no nos dejemos engañar. Se delegan las funciones, pero no se delega la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normas en todos y cada uno de los expedientes del despacho. Esto es deber de la jueza. Entonces, intentar trasladar la culpa a los ujieres o los oficiales sería una admisión de la falta de control en esos expedientes”.
Lea más: JEM cesa de sus funciones a relator con supuesto título falso
Además, según la auditoría hecha al juzgado de Cibils se detectó que “las notificaciones no se realizaron, esto explicaría por qué se permitía la tramitación con esas irregularidades; según lo que habían dicho los propios ujieres en la causa penal, se habría pensado que los demandados nunca se iban a enterar de los trámites”.
Posteriormente subrayó que “en el juzgado no se necesitó perfeccionar legalmente un acto que habría nacido destinado a permanecer oculto”, teniendo en cuenta que “estos actos permanecieron ocultos hasta la realización de la auditoría por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y hasta el allanamiento del Ministerio Público a través de su agente fiscal Belinda Bobadilla”.
Lea más: Mafia de los pagarés: docente denuncia esquema familiar involucrado en millonario despojo
Sobre esas actuaciones se explayó indicando “no nos dejemos engañar, con que eso se trata de mera providencia, de providencia nomás. Estas providencias son el motor del proceso, impulsan el proceso y en muchos casos han sido providencias que dieron origen al proceso”.
Mafia de los pagarés: insta a remitir a Fiscalía antecedentes
En otro momento de sus alegatos, Celso Ayala expuso que pese a los reiterados oficios remitidos al juzgado de paz, no le han remitido documentales relacionados al proceso. “No han remitido las causas, que prueban el mal desempeño”, haciendo referencia a los expedientes sin firma, sin sello y sin fecha.
“Sin embargo, hoy, ahora que los expedientes vinieron, nos encontramos con una verdad que no podemos ignorar. La gran mayoría de los expedientes que hoy obran en autos, la gran mayoría, no todos, aparece con fechas, sellos y firmas que los auditores en su momento habían declarado inexistentes. Los auditores habían dado fe pública de que esos datos no estaban ahí”.
Sobre ese punto, resaltó el valor del informe de auditoría de gestión, que “es un instrumento público elaborado por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones legales y que no ha sido redargüido de falsedad ni impugnado por la magistrada”.
“Solo con esta auditoría se prueba con contundencia el mal desempeño funcional respecto a las omisiones, como también prueba la desigualdad de las partes en el proceso y también demuestran indicios serios, de que en el despacho de la magistrada las formalidades siempre pudieron esperar. Las notificaciones, los embargos y las inhibiciones, no”.
Amplió sobre la auditoría, refiriendo que en los expedientes se constató la “ausencia total” de firmas, sellos y fechas. Indicó que el auditor, al ser consultado sobre la aplicación de esos datos hoy y expuso la respuesta: “de existir esa firma, fecha y sello hoy, dice, fueron estampados con posterioridad al relevamiento de datos de la auditoría. Que hoy los expedientes luzcan completos, no es más que un intento desesperado de ocultar una gestión realmente irregular y desprolija en el despacho de la magistrada”.
En este sentido, enfatizó que entre las causas con falta de firmas, “las auditorías habían dado plena fe del estado, de que no estaban las fechas, tampoco las firmas, que hoy aparecen en la providencia, posterior a la firma y posterior a la auditoría. Y esto es un verdadero ataque a la fe pública. Esta conducta podría trascender incluso a la esfera del mal desempeño funcional. El Código Penal describe una figura como alteración de datos relevantes para la prueba”.
Por los que instó a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), “analizar la posibilidad de la remisión de estos antecedentes al Ministerio Público”.