Mafia de los pagarés: docente denuncia esquema familiar involucrado en millonario despojo

Un grupo de aproximadamente 15 personas se manifiestan al aire libre con carteles contra la mafia de los pagarés, en un día soleado.
Un grupo de víctimas de la mafia de los pagarés protestó frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo medidas urgentes.Brian Cáceres

Una docente denunció a un esquema familiar por supuesta usura, estafa y otros hechos punibles ante la Fiscalía, con el apoyo de la Comisión Especial del Congreso contra la mafia de los pagarés. La mujer realizó un préstamo de G. 5.000.000 en 2013 y le terminaron descontando, en calidad de pago de la obligación, en total G. 58.800.000.

La docente Mirian Liliana Portillo Benítez, domiciliada en la ciudad de Iturbe (Guairá), bajo patrocinio del abogado Rubén Allende de la Comisión Especial de Investigación de la “Mafia de los pagarés, de la Cámara de Senadores, denunció a un presunto esquema familiar que le habría despojado de la suma total de G. 58.800.000 a través de descuentos de su salario por una deuda contraída en 2013 consistente en la suma de G. 5.000.000, en carácter de préstamo.

La educadora presentó denuncia ante el Ministerio Público por los hechos punibles de usura, estafa, apropiación, producción documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, asociación criminal y otros más que puedan surgir en torno a la investigación.

Portillo Benítez atribuyó las responsabilidades en cuanto al despojo millonario a la dueña de la firma “Punto Mágico”, Laura Andrea Morínigo Mereles, y a los directivos de la Asociación de Educadores Alborada, presidida por Cleso Fernández Sánchez, marido de Laura Morínigo.

El alcance de la denuncia también llega a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), responsables del descuento salarial sin respaldo documental y demás personas que resulten responsables, por su participación en el esquema de descuentos salariales que le generaron un perjuicio financiero importante.

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Docente realizó préstamo y le descontaron G. 58 millones

De acuerdo con los datos presentes en la denuncia, en julio de 2013 Mirian Portillo realizó un préstamo por valor de G. 5.000.000 y por el cual debía devolver la suma de G. 5.700.000 en diciembre de ese año. Esta obligación la contrajo con Mercedes Sánchez de Fernández, también docente.

Portillo señala en su escrito de denuncia que inicialmente realizó un pago de G. 750.000 en concepto de intereses y luego ya realizaron los pagos en forma personal, en el domicilio de la prestamista Mercedes Sánchez.

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Sin embargo, Portillo solicitó posteriormente la reestructuración de la deuda ante la imposibilidad de cumplir con el compromiso, luego de que su marido quedara sin trabajo tras el cierre de la azucarera Iturbe. Es en esta oportunidad que Sánchez le propuso instrumentar el cobro mediante descuentos ministeriales canalizando a través de la Asociación de Educadores Alborada.

En abril de 2014, Portillo fue convocada al domiciliario de Sánchez para la firma de unos documentos que, según dice en su denuncia, le habían indicado que eran para fraccionar los pagos. Los descuentos se iniciaron ese mes de abril de 2014 y continuaron hasta mayo de 2020, totalizando la suma de G. 58.800.000.

Presidente de Asociación hizo firmar boletas, denuncia

La denuncia detalla que Mercedes Sánchez le presentó a su hijo Celso Fernández Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Alborada, quien fue el que le habría hecho firmar los documentos para “fraccionar los pagos”. La profesora Mirian Portillo entendió que el acuerdo era que un descuento de 20 cuotas de G. 450.000, que totalizaban la suma de G. 9.000.000.

Pero se ejecutaron descuentos automáticos vía MEC que ascendieron a G. 58.880.000. Entre lo que le descontaban también aparece la empresa “Punto Mágico”, donde figura como tesorera y responsable Laura Morínigo, esposa de Celso Fernández.

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Por su parte, el MEC procesó las deducciones sin contar con autorizaciones firmadas. Al ser requeridos, los responsables alegaron que los documentos “se dañaron por fenómenos climatológicos”, remitiendo a la Comisión comprobantes por apenas G. 9.000.000 para intentar justificar el cobro de casi G. 60 millones.

A pesar de haber cobrado más de diez veces el capital original, el esquema persistió. En julio de 2023, la docente fue reportada como morosa ante la firma Equifax por una supuesta operación de G. 10.000.000, fechada en noviembre de 2022. La denuncia subraya que dicha deuda es inexistente y que la empresa no ha podido acreditar su origen ni ante el Senado ni ante el MEC.