El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este lunes el Decreto N.º 5970, que reglamenta la Ley 6202/2018 y crea el Programa Nacional de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual.
“Avanzamos juntos para proteger lo más valioso que tenemos”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales. Detalló que esta acción está dentro de la campaña nacional “Todos somos responsables”.
El decreto establece que la protección a los menores está por encima de cualquier tradición. El texto aclara que ninguna costumbre, práctica cultural o creencia religiosa podrá ser utilizada para justificar, tolerar o consentir actos de violencia o abuso sexual contra niños y adolescentes.
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La normativa es de aplicación obligatoria para todos los organismos del Estado, incluyendo las áreas de salud, educación, justicia, seguridad y protección social.
De la prevención a la reparación
El Programa Nacional no solo busca castigar el hecho, sino atacar el problema de forma integral. Entre sus objetivos principales se destacan fortalecer la capacidad del Estado para identificar casos antes de que el daño sea mayor.
Se buscará garantizar que las víctimas reciban ayuda profesional inmediata y asegurar que el proceso judicial y de asistencia no vuelva a traumar al niño con interrogatorios o procedimientos inadecuados. Se trabajará además en la recuperación psicológica y social del menor.
El MINNA como ente rector y una “Ruta de Intervención”
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) asumirá el rol de ente rector y coordinador general. Esto significa que será la institución encargada de vigilar que el programa se cumpla y de evaluar sus resultados.
Para que el trabajo no sea aislado, el decreto impone la aplicación de una “Ruta de Intervención Interinstitucional”.
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Se trata de una guía operativa común para que médicos, docentes, policías y jueces sepan exactamente cómo actuar de manera coordinada y rápida ante una denuncia, evitando que la burocracia retrase la protección de la víctima.
El decreto establece que su financiamiento provendrá del Presupuesto General de la Nación, a través de las partidas asignadas al MINNA y demás carteras responsables.