El martes último, cuando la funcionaria judicial Antonia Galeano fue detenida durante una entrega vigilada del dinero que habría exigido para que un procesado sea beneficiado con una tobillera electrónica, probablemente no se imaginó que hoy le tocaría usar uno de estos artefactos.
En una audiencia de imposición de medidas realizadas hoy, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó arresto domiciliario a la mujer, con control policial aleatorio.
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El magistrado tomó la determinación tras admitir la imputación presentada por la fiscala Yeimy Adle contra la mujer, por los supuestos delitos de cohecho pasivo agravado (coima), enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Funcionaria judicial cayó en entrega vigilada en juzgado de San Lorenzo
Galeano fue detenida en la mañana del martes pasado, en la oficina del Palacio de Justicia de San Lorenzo, circunscripción judicial de Central, en el marco de un operativo de entrega vigilada de G. 4.000.000, que serían parte de los G 7.000.000 supuestamente exigidos, señala la imputación.
Según la imputación, la procesada -quien es funcionaria de la sección Estadística de San Lorenzo- habría exigido el dinero para intervenir como intermediaria ante el juzgado penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, para que un procesado por un caso de drogas (Marcelo Fabián Peña Mancuello) sea beneficiado con la tobillera electrónica.
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La imputación refiere que la funcionaria dijo que el dinero iba a ser repartido supuestamente entre una actuaria, una jueza y funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) del Ministerio del Interior.
Tras la aprehensión de la funcionaria, la comitiva fiscal allanó el juzgado mencionado, a cargo de la jueza María Elena Cañete, en busca de evidencias.
Arresto domiciliario, tobillera electrónicas y restricciones
La agente fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Antonia Galeano. La procesada, que participó de la audiencia a través de medios telemáticos desde su lugar de reclusión, cumplirá el arresto domiciliario en una vivienda del barrio Santa Teresa de Fernando de la Mora.
Prohibición de salir del país y de comunicarse con funcionarios del Juzgado de Garantías N° 1 de la ciudad de San Lorenzo y con funcionarios de la OMDEC son las demás medidas establecidas por el juzgado bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento las medidas serán revocadas.