13 de agosto de 2026

Un Tribunal de Apelación Penal rechazó el planteamiento de la defensa de Gianina García Troche, acusada en el caso A Ultranza, para la revisión de su prisión preventiva. Inmediatamente anterior a esto, la jueza Lici Sánchez había rechazado el pedido de concesión del arresto domiciliario y colocación de tobillera electrónica.



El chofer de Bolt Cristian Eduardo Jaime Narváez seguirá con prisión preventiva en el proceso que afronta por la agresión que ocasionó la muerte al pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años. El juzgado rechazó el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, que había solicitado la defensa del encausado por homicidio culposo y omisión de auxilio.

El juez Humberto Otazú autorizó la extracción de datos de los celulares incautados de una funcionaria del Poder Judicial de San Lorenzo. La mujer habría negociado un pago de sumas de dinero a cambio de beneficiar a un procesado con la colocación de la tobillera electrónica.

El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el uso de la tobillera electrónica sería una buena alternativa para Erico Galeano tras su condena por lavado de dinero y asociación criminal vinculada al narcotráfico. Sostuvo que, apesar de que Galeano era de Honor Colorado, eso no significa que el movimiento fuera financiado con dinero sucio.

El costo de una tobillera electrónica es de G 2.006.600, según el informe del Ministerio del Interior elevado al juez Francisco Acevedo. Sin embargo su libertad va a depender de la decisión del magistrado que no solo tomará en cuenta el reporte acerca de las condiciones del arresto domiciliario, sino también del informe médico, que ya había adelantado que su condición de salud puede ser tratada en la cárcel.

Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia dispuso una auditoria en el Juzgado Penal de Garantías N°1 de San Lorenzo tras el escándalo conocido como la “mafia de las tobilleras”. Hasta ahora una funcionaria fue imputada por el caso.