La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) imputó a Antonia Gleano (41), por la presunta comisión de los ilícitos de cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias. Se le atribuye la exigencia de pagos de sumas de dinero a cambio de lograr la instalación de la tobillera electrónica a un procesado por drogas.
La investigada se desempeña como funcionaria de la Sección Estadística del Palacio de Justicia de San Lorenzo, Circunscripción Judicial de Central.
Lea más: Lo que nos faltaba: detectan una mafia de tobilleras electrónicas y allanan juzgado
La fiscala solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario e irónicamente, con el uso de la tobillera electrónica para el monitoreo del cumplimiento de la medida. A cargo de esta causa está el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos de Humberto Otazú.
Galeano fue detenida este martes, en horas de la mañana, en la oficina del Palacio de Justicia de San Lorenzo, en el marco de un operativo de entrega vigilada de G. 4.000.000 que iban a ser repartidos supuestamente entre una actuaria, una jueza y funcionarios de la OMDEC del Ministerio del Interior.
Lea más: Prisión preventiva para funcionario del Incan que cayó durante entrega vigilada
Exigió dinero a cambio de intermediar para obtener tobillera
De acuerdo con datos expuestos en la imputación fiscal, la funcionaria judicial Antonia Galeano se habría ofrecido como intermediaria ante los funcionarios del juzgado penal de garantías N° 1 de San Lorenzo, a cargo de María Elena Cañete, para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, procesado por la Ley N° 1.340/88 sea beneficiado con la tobillera electrónica.
La funcionaria de Estadística intervino porque es vecina de la casa donde se debía cumplir el arresto domiciliario.
Lea más: Fiscal imputa por supuesto tráfico de influencias a funcionario del Incan
En ese contexto, Galeano habría exigido la suma de G. 7.000.000 al padre de Marcelo Peña, Concepción Peña, bajo la promesa de que obtendría una medida más leve y el informe favorable por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), para que el mismo pueda contar con la tobillera electrónica.
El 27 de abril, Concepción Peña denunció un pedido de suma de dinero por parte de una funcionaria judicial, a cambio de que su hijo obtenga medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Es así que, por medio del abogado Vicente Rodríguez, habían solicitado revisiones en las cuales se les negó el cambio de medida cautelar en varias ocasiones, y una nueva diligencia se fijó para el 21 de abril.
Lea más: Escándalo en Incan: funcionario detenido por presunta coima a pacientes “solo quería ayudar
Fue antes de que se lleve a cabo la primera audiencia de revisión que Galeano se ofreció para mediar. Por esta razón el padre del procesado fue hasta el domicilio de la funcionaria y le consultó si “eso tendría un costo” a lo que la mujer le dijo “nadie trabaja gratis”, pero que aún no sabía el precio. Al día siguiente, vía telefónica le indicó que debía entregar la suma de G. 6.000.000.
Funcionaria insistió en entrega de dinero
Un día antes de la audiencia, el denunciante le indicó a Galeano que no alcanzó a juntar el dinero requerido, que solo tenía G. 3.000.000, a lo que la funcionaria le habría aceptado el monto y manifestado que a la gente del juzgado les diría que a la tarde se les entregaría el saldo.
Sin embargo, el día de la diligencia, Antonia Galeano citó al padre del encausado a las 7:00, en un estacionamiento cercano al juzgado de San Lorenzo, al lado de una capilla para la entrega del dinero. Al llegar al lugar, Concepción Peña entregó a Galeano el dinero que estaba en una bolsa de colores con la inscripción “Feliz Cumpleaños”.
Lea más: Acusan a concejal que habría exigido G. 24 millones para “destrabar” proceso municipal
Luego de eso, Peña fue hasta la oficina del juzgado. En la ocasión el abogado pidió el arresto domiciliario de Marcelo Peña, quien estaba en Tacumbú y la colocación de la tobillera electrónica. La jueza libró el oficio Nº 857 a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) para la evaluación técnica de factibilidad, informe que debía remitirse en 24 horas.
Luego Antonia Galeano se comunicó nuevamente, vía telefónica, con el padre del procesado para pedirle la suma de G. 1.000.000 más para el personal técnico funcionarios del OMDEC, a cambio de enviar un informe positivo, de lo contrario la jueza rechazaría el pedido.
Al día siguiente, a las 11:24, se remitió al Juzgado el informe de la OMDEC por Nota N° 404/26 del 22 de abril, y el abogado defensor pidió una nueva audiencia de revisión de medidas que se fijó para el 24 de abril, cuando el juzgado otorgó el arresto domiciliario a Marcelo Peña.
Desde entonces, Antonia Galeano insistió al denunciante que entregue el saldo, es decir, los G. 4.000.000, de los cuales G. 3.000.000 eran para el juzgado y el G. 1.000.000 para funcionarios del Ministerio del Interior, supuestamente y según refiere el escrito de imputación.
Estas conversaciones habrían sido vía telefónica, a través de llamadas realizadas entre Antonia Galeano y el denunciante, quien con ayuda de sus familiares habría grabado las llamadas con uso de otros celulares. En base a esto se realizó el procedimiento de entrega vigilada.
Corte aguardará el informe
En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el titular de la máxima instancai judicial, ministro Alberto Martínez Simón, solicitó actualización sobre el caso de la funcionaria judicial de San Lorenzo a lo que le comunicó que no hubo informe remitido a la máxima instancia judicial al respecto.
Ante esa situación, Martínez Simón anunció que aguardarán informe sobre la imputación a la funcionaria y otros datos más del caso para tomar una determinación en torno al caso.