La recusación presentada por la defensa de Hugo Javier González contra los integrantes del Tribunal de Apelaciones fue rechazada esta mañana por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con esta decisión, el Tribunal queda habilitado para analizar la apelación presentada contra la resolución que dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público. El “Número 2″ había sido imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y apropiación.
El proceso involucra al exgobernador y a otros 16 acusados, en una causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 en la Gobernación de Central, entre 2019 y 2020.
Según la acusación de la Fiscalía, los desembolsos se realizaron en el marco de aportes a organizaciones sin fines de lucro para 51 proyectos.
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Hipótesis fiscal sobre esquema de pagos
La investigación sostiene que los fondos fueron transferidos a través de varias organizaciones, entre ellas fundaciones y asociaciones civiles, que habrían participado en el esquema de ejecución de recursos.
El requerimiento fiscal señala que los desembolsos se realizaron pese a inconsistencias en la documentación y la falta de justificación técnica de varios proyectos.
La acusación indica que los proyectos no contaban con planes de acción detallados, presupuestos desagregados ni especificaciones técnicas claras.
Además, se menciona que las organizaciones beneficiadas no habrían presentado rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR), ni cumplido con requisitos bancarios formales para la recepción de fondos.
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Antecedentes del proceso y situación judicial
En una causa paralela, conocida como “obras fantasma”, Hugo Javier González fue condenado en enero de 2025 a 10 años de prisión por lesión de confianza y uso de facturas falsas.
En este caso, el exgobernador se encuentra en libertad ambulatoria mientras avanza el proceso judicial.