La resolución Nº 1.937 fue emitida esta mañana para designar al equipo fiscal para investigar la denominada públicamente como “campaña sucia”, según informaron desde prensa del Ministerio Público.
El equipo deberá indagar las denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público, así como el eventual desvío de fondos públicos destinados a programas de asistencia social.
Los agentes Marlene González, Laura Giacumo y Ruth Benítez actuarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
Esta mañana, el propio fiscal Emiliano Rolón admitió que todavía no tenía definido quiénes investigarían la causa; a pesar de ello, decidió antes enviar la causa a la Contraloría General de la República. Ante las críticas, esta mañana alegó que la Fiscalía no cuenta con suficientes especialistas para procesar información financiera compleja.
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Llamativa “maniobra” de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado hizo una “maniobra que no existe en ningún lado” para remitir a la Contraloría el análisis de los términos de la denuncia. “No es poca cosa, porque vimos que ya sucedió en la denuncia del patrimonio general del presidente de la República. Y nos enteramos siete meses después que recién cuando la Contraloría responde abren la investigación. En este caso se pretende a hacer lo mismo, siendo que la Contraloría tiene funciones limitadas”, declaró al respecto Pérez esta mañana en ABC TV.
Dijo que en la denuncia presentada se determinó que podrían existir lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y frustración a la persecución penal. “Además de tirarle el fardo a la Contraloría, están perdiendo tiempo clave, porque nosotros el 6 de mayo ya solicitamos que se tomen las medidas urgentes para preservar la evidencia digital”, declaró.
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Lamentó que ya se demostró que a medida que avanzó la investigación periodística se fueron borrando posteos y luego páginas en redes sociales.
Resaltó que lo grave es que se debe investigar el presunto uso de fondos públicos para estas campañas en contra de la prensa.
“Claramente acá existe una intención de poner paño frío a lo que se revela y, además de esto, proteger al entorno presidencial, porque a medida que avanzan los días, vemos elementos que indican que el entorno presidencial estaría involucrado en esta campaña sucia”, cuestionó.
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Dos denuncias penales
Esta carpeta fiscal no fue abierta de oficio sino que el Ministerio Público actuó recién luego de dos denuncias. Por un lado, los diputados nacionales Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo denunciaron la supuesta contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público mediante campañas digitales en plataformas publicitarias, con el consiguiente perjuicio patrimonial al erario público.
Asimismo, se tuvo en cuenta la denuncia presentada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, patrocinado por los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada, quien señaló que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas.