El ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa, bajo el patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, había presentado una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía contra responsables del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y otras instituciones por el escándalo denominado “La Red Desinformante”, la campaña sucia de comunicación por parte del Gobierno de Santiago Peña.
En la denuncia se detallaba un presunto esquema de triangulación de fondos públicos, originalmente destinados a programas sociales, para financiar campañas de hostigamiento digital.
Asimismo, el caso se basaba en publicaciones de ABC que vinculaban a la agencia colombiana Digimarketing SAS como el nexo común entre la pauta oficial de programas como “Hambre Cero”, “Che Róga Porã” y el “Plan SUMAR” y la página de ataques digitales “Despierta Paraguay”.
Ahora, se dio a conocer que hace unos días, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, decidió remitir la denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), institución a cargo de Camilo Benítez Aldana.
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Reacción de abogados tras la acción del MP
Al respecto, la abogada Cecilia Pérez -representante legal del denunciante- apuntó que “los vicios identificados se pueden agrupar en tres niveles”.
El primero es una “contradicción interna insalvable”, ya que si existe una carpeta fiscal abierta -como sugiere la mención de la fiscala adjunta Soledad Machuca y el número de entrada 5956-, el caso debe tener fiscal asignado, número de causa formal y debe haber sido comunicado al juez de garantías.
“La ausencia de esa comunicación violaría el artículo 302 CPP. Si no hay carpeta abierta, la derivación a la CGR carece de toda vinculación procesal con el sistema penal”, detalla la exministra.
Por otra parte, menciona que “el segundo nivel es de error metodológico en la aplicación del estándar del artículo 285 CPP” porque el umbral de “suficientes indicios fácticos” fue exigido con una rigurosidad impropia de la etapa de análisis de mérito, ignorando evidencia pública objetiva contenida en registros de transparencia de plataformas digitales.
Asimismo, el “tercer nivel” es de omisión con consecuencias irreversibles ante la no adopción de medidas urgentes de preservación ante una situación de peligro en la demora documentada y pública, algo “que permitió la destrucción de evidencias que ya no pueden ser recuperadas”.
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Los siete “problemas” detectados por los profesionales
Otro punto que reitera Pérez es que la derivación a la CGR no es una solución procesal, sino “es el cierre del caso con decoración institucional”.
“La CGR podrá hacer lo que puede hacer, auditar contratos, pero no podrá hacer lo que se necesita hacer”, agrega. “Preservar evidencias digitales en tiempo real en un contexto de destrucción sistemática activa. Para eso, solo sirve un fiscal con investigación abierta y un juez de garantías que autorice las medidas cautelares correspondientes", concluye.
Los siete “problemas” detectados, según Santagada y Pérez, son:
- Primer problema: la contradicción de la carpeta invisible.
- Segundo problema: acumulación de presentaciones y trato igualitario en condiciones diferentes.
- Tercer problema: las supuestas conjeturas de la investigación periodística.
- Cuarto problema: pedido de medidas urgentes y pérdida (¿irreversible?) de evidencias.
- Quinto problema: invocación de un convenio vencido inhábil para derivación institucional.
- Sexto problema: la CGR carece de facultades jurisdiccionales y de competencia para preservar evidencias.
- Séptimo problema: la ironía de la frustración a la persecución penal.
Finalmente, en el documento también se cuestiona que en el caso de la denuncia contra el expresidente del IPS Jorge Brítez sobre presuntos amaños hubo una considerable celeridad, pese a que incluso el caso fue denunciado una semana después de la denuncia de Portillo.
“Este contraste no es meramente anecdótico: es jurídicamente relevante porque la igualdad en la aplicación del derecho procesal penal es una garantía constitucional. Si el Ministerio Público aplica estándares distintos de urgencia y mérito a casos formalmente similares -denuncias de desvío de fondos públicos- dependiendo de quién sea el imputado, ello configura una arbitrariedad procesal que puede ser impugnada”, subraya.
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La red desinformante y Jimmy Villaverde
El 26 de abril, el diario ABC Color publicó una investigación a la que se conoce como “la red desinformante” y mediante esta se descubrió que varios anuncios para los programas Hambre Cero y Che Róga Porã del Gobierno de Santiago Peña fueron pautados en Google por la agencia de medios digital Digimarketing SAS, con sede en Colombia.
Esa misma agencia era la encargada de publicar los anuncios de “Despierta Paraguay”, una página especializada en atacar a críticos y opositores del Gobierno y señalada por difundir desinformación y teorías de conspiración a favor del cartismo durante las elecciones presidenciales de 2023.
El caso derivó en un montón de repercusiones y cuestionamientos hacia el Gobierno del presidente Santiago Peña. Entre la informaciones también aparece el nombre de una persona de la que el Ejecutivo intentó desvincularse varias veces, pero sin éxito alguno, sino, todo lo contrario: Juan Roberto “Jimmy” Emategui, quien aparece ligado a las cuentas utilizadas para hacer campaña sucia en contra de comunicadores.
Pese a que Peña, el ministro Gustavo Villate y la viceministra de comunicaciones Alejandra Duarte negaron que “Jimmy” formara parte del Gobierno, resoluciones oficiales demuestran que en 2023 ya operaba en la Dirección General de Información Presidencial, la misma que luego le expidió una credencial en julio de 2025. Villaverde es señalado como responsable de “Sucia Política” y otras páginas usadas en La Red Desinformante.
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